El juez federal Claudio Bonadio advirtió este jueves que la ex presidenta Cristina Kirchner, su ex canciller Héctor Timerman y su ex secretario Legal y Técnico Carlos Zannini «traicionaron a la Nación argentina», al dictarles la prisión preventiva por riesgo de fuga y entorpecimiento de la pesquisa.
Bonadio los procesó como coautores del delito de «traición a la Patria», que prevé la prisión perpetua al considerar a los tres impulsores de la firma del Memorandum de entendimiento entre Argentina e Irán por el ataque terrorista a la AMIA, en un «plan criminal» que buscaba la impunidad de cinco altos funcionarios y diplomáticos iraníes con pedido de captura internacional.
Además, remarcó que les dictó prisión preventiva ante una «desfavorable impresión» sobre sus condiciones personales, al igual que ocurrió con los también procesados Jorge Khalil, Fernando Esteche y Luis D’Elía, según el fallo.
«Fernández, Timerman y Zannini se presentan en el hecho por el cual son procesados como las personas que aprovechando los cargos públicos que ejercían -Presidente, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, y Secretario Legal y Técnico de la Presidencia de la Nación, respectivamente-, traicionaron a la Nación Argentina», fundamentó Bonadio sobre los motivos para detenerlos.
Además, consideró que «en caso de seguir en libertad, no habrán de someterse a la actuación de la justicia, por lo que se encuentra consecuentemente fundada la presunción de que intentarán eludir el accionar de ésta; como también de que la entorpecerán».De un total de 16 indagados en la causa, Bonadio procesó a doce acusados, seis de ellos con preventiva y dictó la falta de mérito para cuatro.
Sobre Cristina, Timerman y Zannini «su intervención en el hecho logró superar todos los controles a los actos de gobierno que tiene la Constitución Nacional pues eran ellos los que debían velar por la paz y la seguridad de la Nación», según el juez.
Zannini «tuvo una intervención activa en todo el proceso de elaboración y puesta en marcha del memorando», acusó el juez.
Sobre otro de los detenidos, D’Elia, el juez tuvo en cuenta anteriores condenas del referente piquetero y lo ubicó como «intermediario entre el gobierno nacional y personas vinculadas al régimen iraní, trasmitiendo comunicados en miras de avanzar en la puesta en marcha del plan delictivo investigado, como así también lograr un acercamiento comercial a nivel estatal entre ambos países».
En lo referido a Esteche, quien se entregó pasado el mediodía, para el juez «tenía conocimiento de las negociaciones llevadas a cabo» con Irán » y de los «intereses que enmascaraba la firma del memorando», a la vez que tildó como «imprescindible» su rol.
En lo referido a Jorge Khalil, al igual que para Esteche y D’Elía, el magistrado argumentó que quedaron presos por sus «contactos y relaciones con funcionarios iraníes», algo que incrementaría la posibilidad de fuga y entorpecimiento del caso.
Khalil, en concreto, recibiría dinero por parte del gobierno de Irán por sus gestiones, algo que aumentaría el riesgo de evasión.
Bonadio también procesó sin prisión preventiva a la ex procuradora del Tesoro de la Nación, Angelina Abbona. «Entre sus facultades ninguna la habilitaba a participar en la elaboración de pactos o tratados internacionales» pese a lo cual encabezó, a pedido de Cristina Kirchner, las delegaciones argentinas que se reunieron con funcionarios iraníes el 30 de octubre y el 27 y 28 de noviembre de 2012.
«La finalidad perseguida con su designación como responsable de la comitiva era mantener en secreto el contenido de esas reuniones, monitorearlas y posibilitar el objetivo perseguido de suscribir un acuerdo con Irán que normalice las relaciones entre los Estados, que conllevaría a garantizar la impunidad de los imputados en la causa AMIA», indicó en el fallo.
Todo lo hizo por «el grado de confianza que mantenía con las más altas autoridades del gobierno nacional y computados en la maniobra, Cristina Fernández y Carlos Zannini», agregó el fallo.
A otros dos procesados sin prisión preventiva por los mismos delitos, el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli y el diputado Andrés «Cuervo» Larroque, los consideró partícipes necesarios.
Sobre Parrilli, quien ocupó su cargo hasta el final del gobierno de Cristina Kirchner, sostuvo que «conocía -por su pública y notoria cercanía con la ex mandataria-, los movimientos vinculados a los hechos ilícitos aquí reprochados».
Respecto de Larroque, Bonadio entendió que al momento de los hechos era diputado nacional y secretario general de la organización política «La Cámpora».
«De las constancias recolectadas en esta investigación se desprende que actuaba como intermediario entre las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional y Jorge Kahlil, por intermedio de Luis D’Elía y Fernando Esteche», argumentó.
Sobre el también procesado sin preventiva ex subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Juan Martín Mena, remarcó que «participó en la elaboración» de una presentación de Timerman ante el Senado en busca de la aprobación del Memorandum y de la preparación de la primera reunión por el tema con la delegación iraní en octubre de 2012.
En cuanto al supuesto espía también procesado Ramón Allan Héctor Bogado, el magistrado lo acusó de haber tenido un rol «clave en las maniobras ilícitas descriptas, pues poseía contactos en el entorno del Poder Ejecutivo Nacional y con referentes del régimen iraní».
Por último, Bonadio dictó la falta de mérito para cuatro indagados: los ex secretarios de Timerman, Luciano Tanto Clement y José Mercado y los entonces funcionarios de Cancillería, Alberto D Alotto y Susana Ruiz Cerutti.
Télam/NA
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