La ex presidenta presentó un pedido de Jury al magistrado federal que investiga la causa por venta de dólar a futuro. Anteayer lo había recusado por “prevaricato”.. Cristina Fernández de Kirchner denunció ayer por la tarde al juez federal Claudio Bonadio ante el Consejo de la Magistratura, en relación con la causa de venta de dólar a futuro por presunto mal desempeño en sus funciones y pidió su destitución mediante el mecanismo de juicio político.
En un nuevo capítulo de esta cortina de humo para tapar los despidos y los aumentos de precio que cada día afectan más a la población y crea mayor pobreza, la tapa de Clarín del día de ayer, en el que se dan los fundamentos que tendría el juez Bonadio para procesar a la ex mandataria nacional, lo que representaría un caso de adelantamiento de opinión que envicia más este proceso de por sí bastante disparatado, al menos en la opión de destacados juristas.
El Consejo de la Magistratura debe resolver ahora si impulsa la acusación con la designación de un consejero instructor o si la suma a otras que Bonadio ya tiene en su contra… La presidenta de la comisión es Adriana Donato, integrante del oficialismo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que fue aliada en las elecciones con el PRO… Los siguientes son los argumentos de la ex presidenta para denunciar al juez federal Claudio Bonadio y reclamar su destitución:
• «El juez Claudio Bonadio se encuentra incurso en la causal de mal desempeño habida cuenta del ejercicio abusivo y arbitrario del poder jurisdiccional que le fue conferido, ello en el marco de una causa en la cual se persigue una exclusiva finalidad política».
• «La denuncia de los diputados Federico Pinedo y Mario Negri fue presentada cuatro días después de que se llevara a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales».
• «Inmediatamente se le dio a esta denuncia trámite urgente y una masiva difusión pública, pese a que el art. 204 del ordenamiento de rito indica que el sumario sólo será público para las partes».
• «Dos días antes de que se llevara a cabo la segunda vuelta de la elección presidencial, Bonadio dispuso el allanamiento del BCRA en pleno horario de operaciones, interrumpiendo por primera vez en la historia el funcionamiento del mercado único de cambios. Tal actividad carecía de toda razonabilidad, máxime si se advierte que la mayoría de los elementos documentales que se pretendían localizar ya habían sido presentados en la causa por la propia entidad rectora».
• «Como señalé en la nota acompañada como Anexo 1, parece haberse creado «una nueva figura procesal: el allanamiento preelectoral».
• «Si Bonadio aceptó llevar adelante la instrucción de la causa, ejecutar un allanamiento en el BCRA -medida que requiere algún estado de certidumbre sobre el delito que se investiga-, resulta absolutamente contradictorio que luego autorice al BCRA a seguir adelante con una operatoria supuestamente delictiva, esto es pagar los contratos de dólar futuro convenidos. Además, tal elemental obligación no solamente estaba en cabeza del juez instructor sino que también reposaba como un deber elemental de las autoridades que actúan colaborando con la Justicia (art. 183, CPPN)».
• «Para que la operación político judicial cerrara y tuviera una mayor verosimilitud ante la opinión pública, debía quedar consolidado en cabeza de las primigenias autoridades del BCRA toda la responsabilidad de lo sucedido. En consecuencia, el juez dispuso, sin fundamento alguno, la convocatoria a prestar declaración indagatoria tanto del Presidente como de los integrantes del Directorio del BCRA al 10 de diciembre de 2015».
• «Sin embargo, la audacia del magistrado le permitió pergeñar una maniobra procesal de un impacto público aún mayor. Primero, sin que existiera en la causa ninguna referencia o indicación directa o indirecta, se incluyó entre las personas citadas a prestar declaración indagatoria al ex ministro de Economía, Axel Kicillof, y a la suscripta. Segundo, sobrepasando los límites fácticos del hecho denunciado y por el cual se requiriera la instrucción de la causa, el juez incluyó en la imputación el delito de asociación ilícita».
Fuente: La Mañana
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