El juez federal Claudio Bonadio comenzó a mostrar sus cartas y dio una clara señal de adónde pretende apuntar su investigación, que comenzó por las supuestas irregularidades administrativas de la empresa Hotesur, que administra el Hotel Alto Calafate, propiedad de la familia presidencial.
Efectivos de la Policía Metropolitana se presentaron ayer en la sede de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para requerir, por orden del magistrado, las declaraciones juradas impositivas y patrimoniales de la presidenta Cristina Fernández y de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, además de las del empresario Lázaro Báez.
El juez federal Claudio Bonadio comenzó a mostrar sus cartas y dio una clara señal de adónde pretende apuntar su investigación, que comenzó por las supuestas irregularidades administrativas de la empresa Hotesur, que administra el Hotel Alto Calafate, propiedad de la familia presidencial. Efectivos de la Policía Metropolitana se presentaron ayer en la sede de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para requerir, por orden del magistrado, las declaraciones juradas impositivas y patrimoniales de la presidenta Cristina Fernández y de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, además de las del empresario Lázaro Báez.
El magistrado hizo extensivo el requerimiento a la documentación obrante en torno a varias sociedades que tienen a su cargo otros emprendimientos hoteleros. Esta decisión podría constituir un giro de la causa hacia el intento de investigar un presunto delito vinculado al lavado de dinero.
Según trascendió, el organismo entregó toda la información disponible con el objetivo de evitar un allanamiento. Bonadio ya había realizado un operativo similar el jueves pasado en un domicilio porteño en el que funcionaba Hotesur. Fue ante presuntas irregularidades denunciadas por la diputada Margarita Stolbizer (GEN). En simultáneo, había reclamado información a la Inspección General de Justicia (IGJ) que, según fuentes judiciales, ahora fue también reclamada a la AFIP.
Por este expediente, que se inició con las irregularidades administrativas de Hotesur –de las que solo se reconoció la ausencia de balances–, Bonadio fue denunciado ante la Magistratura (ver páginas 6 y 7). Es que el gobierno la consideró una maniobra extorsiva de la justicia federal sobre la jefa de Estado. Varias de las decisiones tomadas por el juez contra funcionarios del gobierno coincidieron con los movimientos de expedientes en su contra en la comisión de Disciplina y Acusación, del Consejo.
En el oficio presentado a la AFIP, el juez solicitó también las declaraciones juradas del fallecido ex presidente Néstor Kirchner entre 2008 y 2010, y las del hijo de Báez (Martín), además de las de otros accionistas de Hotesur y de Los Sauces, dueña de otro de los hoteles.
A través de ese lazo con Los Sauces, el magistrado pretende extender su investigación y vincularla –como adelantó Tiempo Argentino– a las denuncias periodísticas que sostuvieron que Báez podría haber fraguado el alquiler de habitaciones en los hoteles de la familia presidencial.
Hoy existe una causa en el fuero penal tributario, a cargo del juez Javier López Biscayart, que se centra en la sociedad Valle Mitre, de Báez, precisamente para determinar si existía una operatoria que implicara evasión fiscal. Hasta ahora no se halló evidencia de ello. Sobre accionistas de Valle Mitre, Bonadio también requirió información a la AFIP con lo que toma cuerpo la posibilidad de que el juez intente reclamar la competencia sobre ese expediente.
De esta manera, Bonadio movió sus fichas en lo que también tiene una lectura política, luego de ser denunciado por el oficialismo, incluso, en la justicia federal por ser accionista de una compañía en idéntica condición que Hotesur.
Fuente: Tiempo Argentino
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