Con 34 cambios, hay despacho para el Código Procesal Penal. Se vota el miércoles. Se eliminó la conmoción social como elemento para dictar prisión preventiva y habrá más garantías a extranjeros expatriados. Quitan poder a Gils Carbó.
El kirchnerismo sacó dictamen para el nuevo Código Procesal Penal, que será debatido por el Senado el próximo miércoles. Para lograr mayor nivel de consenso con la oposición, el Frente para la Victoria (FPV) recogió algunas de las sugerencias realizadas por juristas, fiscales, jueces y legisladores opositores.
En total, introdujo 34 cambios al proyecto que envió hace casi un mes el Ejecutivo a las tres leyes que están en tratamiento: el nuevo CPP y dos anexos, uno para crear cargos y llevar a la práctica su implementación y otro para derogar el actual Código sancionado en los años ‘90.
Entre los cambios más distintivos que realizó el oficialismo están un endurecimiento de las condiciones que deben cumplirse para poder expulsar a los extranjeros (artículo 35).
Se exigirá que el foráneo que esté en el país en situación irregular –sin papeles– sea encontrado delinquiendo in fraganti y, al mismo tiempo, que el delito tenga una pena mínima inferior a tres años.
En la redacción anterior, con que se diera uno de los dos supuestos alcanzaba para extranjerizar al delincuente por hasta 15 años. Pero además se fijó que el defensor del detenido y el fiscal deben pedir por escrito al juez que se suspenda el juicio y se opte por la extranjerización.
Así, el oficialismo intentó salvar la crítica de que se viola la garantía de la defensa en juicio. También se diferenció la situación del inmigrante que tiene los papeles en regla, quien aún atrapado en in fraganti podrá pedir la aplicación de una “regla de conducta en el país” y no podrá ser expulsado.
Para la UCR, el cambio no es suficiente y el artículo sigue siendo discriminatorio y xenófobo. Pero el jefe del bloque K, Miguel Pichetto, consideró que se trata de un “beneficio” que tendrá el delincuente extranjero para poder salir del país.
Sin conmoción
Otro cambio importante es la eliminación del concepto de “conmoción social” que la presidenta Cristina Kirchner incluyó en el CPP como motivo válido para que un juez dicte la prisión preventiva.
Las quejas de los organismos de Derechos Humanos y de la oposición hicieron que se extirpara del artículo 185. Básicamente, fustigaban el término que usó la última dictadura, por demás ambiguo, para privar a una persona de su libertad.
La tercera gran concesión que hizo el oficialismo a la oposición es un cambio al artículo 34 del anexo en el cual se establece cómo se implementará el CPP y se nombran más de 1.700 cargos.
El kirchnerismo les quitó “discrecionalidad” a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y a la Defensora General, Stella Maris Martínez, para distribuir las causas entre subordinados.
¿Cómo se atenúa la discrecionalidad de ambas funcionarias? Se incorpora que deberán “compensar” y evitar la saturación de las fiscalías y defensorías, y realizar sorteos de las causas, algo que no estaba en la primera redacción.
Esto tampoco convenció a la oposición. El radical Gerardo Morales y la peronista disidente Liliana Negre pidieron que todo el anexo segundo, donde se crean los cargos y está el artículo 34 corregido, directamente no se apruebe porque en al anexo primero se crea una comisión Bicameral que deberá definir cuándo entra en vigencia el nuevo CPP y las formas en que esto se hará.
Los radicales anticiparon que presentarán dos proyectos de ley alternativos: uno para modificar la estructura del Ministerio Público Fiscal y recortarle poder a Gils Carbó. Para ello se crea un organismo similar al Consejo de la Magistratura que designará fiscales, ejecutará el Presupuesto del “cuarto poder” y controlará la Auditoría General de la Nación.
“Es imprescindible dotar de transparencia y de independencia al Ministerio Público”, dijo Morales. Otro radical, Eugenio “Nito” Artaza, presentará una ley para aplicar los juicios por jurados. Además, los radicales insistirán en un dictamen con cambios puntuales, por ejemplo al artículo 5° del CPP, para que las causas con sentencia firme puedan ser revisadas si lo que está en juego es un delito de corrupción.
Fuente: La Voz
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