Firme condena de dirigentes políticos y organismos de DD HH, el rechazo de la UIA a la iniciativa que busca profundizar las investigaciones sobre la complicidad empresaria con la dictadura generó el repudio de referentes del oficalismo. El diagnóstico de legisladores y organizaciones.
El rechazo institucional de la Unión Industrial Argentina (UIA) a la investigación en el Congreso para que identifique las empresas que se beneficiaron y colaboraron con el terrorismo de Estado sólo generó repudios y críticas por parte de organismos de Derechos Humanos, legisladores y funcionarios.
Alertada por la aprobación del proyecto en Diputados, la entidad salió en defensa de algunos de sus socios más destacados ante la posibilidad de que se comience a investigar su accionar y el modo en que se enriquecieron durante la dictadura.
«Es incomprensible. Que se nieguen a que se investiguen esos hechos da vergüenza», señaló el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, ayer por la mañana, y opinó que la decisión de rechazar la investigación de esos hechos «da a entender de alguna manera que sí se podría encontrar a los responsables y cómplices, como los Martínez de Hoz y tantos otros».
En el mismo sentido se pronunció el ministro de Economía, Axel Kicillof, a manifestar que no entiende el rechazo al proyecto, al describir como «incomprensible la postura de la conducción de la UIA.
El proyecto de ley fue impulsado por el diputado del Frente para la Victoria Héctor Recalde y obtuvo media sanción en la Cámara Baja el miércoles pasado. La iniciativa fue votada por 170 legisladores y sólo fue rechazada por los 14 diputados del PRO y sus aliados, quienes se abstuvieron.
El principal cuestionamiento de los empresarios industriales fue que cualquier investigación debe ser llevarla adelante por el Poder Judicial. «La Unión Industrial parte de conceptos erróneos porque la comisión no tiene por objeto juzgar a nadie», señaló Recalde.
El titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, destacó en ese sentido que la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) fue creada fuera del ámbito judicial y representó «el primer ejercicio fuerte de memoria colectiva». «Una sede judicial no es el único lugar donde tiene que instalarse el ejercicio de la memoria», agregó el fiscal general.
El diputado y nieto restituido Horacio Pietragalla fue más tajante aún y aseguró que, con esa postura, «la UIA demuestra dónde está parada: del lado de la impunidad y de la complicidad».
Las empresas. Nombres como Ledesma, Loma Negra, Molinos Río de la Plata, Ford, Mercedes Benz, Acindar, Techint o Siderca fueron vinculados con el accionar represivo y con los grandes beneficios económicos recibidos durante esos años. Sin embargo, las causas judiciales no han avanzado en ese sentido.
«Es necesaria esta Bicameral porque todavía hay sectores del Poder Judicial que no le imprimen la celeridad necesaria a la investigación de complicidades civiles, ya sea por acción u omisión”, señaló Matías Moreno, director Nacional de Formación de la Secretaría de Derechos Humanos e hijo de Carlos Moreno, abogado laboralista por cuya desaparición son investigados directivos de Loma Negra.
«Hay pruebas para poder avanzar contra empresas como Loma Negra o Ledesma, que fueron parte de los sectores económicos beneficiados por la políticas económicas y que compartían la idea de disciplinar las fuerzas de trabajo. Hubo empresas que aportaron listas o actuaron en conjunto con las Fuerzas Armadas», detalló.
Sebastián Juncal, quien integra la Oficina de Coordinación de Políticas de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Valores (CNV), se refirió a otro aspecto de la investigación.
El historiador leyó el reclamo de la UIA «es una reacción corporativa de una estructura de poder de empresarios», y consideró necesaria la Comisión Bicameral, «no sólo para investigar delitos de lesa humanidad o la complicidad civil, sino para revisar el pasado y así conocer como proceden actualmente las empresas y cómo proceder en caso de que se repitan».
La actualidad de las causas. Actualmente, el salteño Marcos Levín, de la compañía de transporte Veloz del Norte, es el único empresario en llegar a juicio oral, acusado de complicidad en el secuestro de uno de sus empleados.
Las investigaciones judiciales sobre el rol de empresarios en dictadura se han vuelto cada vez más difíciles y organismos de derechos humanos denunciaron un Punto Final de sectores judiciales que se niegan a investigar a esos sectores.
Así, en poco margen de tiempo Carlos Blaquier, de Ledesma, fue sobreseído por Casación; Vicente Massot, dueño del diario La Nueva Provincia, recibió la falta de mérito y la Justicia rechazó la indagatoria a los dueños de Papel Prensa, Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto, del Grupo Clarín, y Bartolomé Mitre, de La Nación. «
CONCEPTO ERRADO
«La UIA parte de conceptos erróneos. La comisión no juzgará a nadie».
Héctor Recalde
Diputado FPV
COMPLICIDAD
«Demuestran dónde están parados. Del lado de la impunidad y la complicidad».
Horacio Pietragalla
Diputado FPV
CELERIDAD
«La Bicameral es necesaria porque hay sectores judiciales que no imprimen celeridad a las causas».
Matías Moreno
Director Nacional de Formación – Secretaría de DDHH
Fuente: Tiempo Argentino
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