El Gobierno fija techo de 20% a 25% para las paritarias. Lo afirmó el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, luego de que desde algunos sectores, como en el caso de los docentes, plantearan pedidos de aumento que superen el 40%.
Se extiende el malestar sindical y ya se prevé alta conflictividad. En medio de las paritarias, los gremios del sector privado suman presión por los despidos y la suba de tarifas; Moyano tomó distancia del Gobierno y advirtió que la inflación será más alta que el 25%.
Atrás parece haber quedado aquella frase del presidente Mauricio Macri cuando hace unas semanas, en un intento de afianzar la tregua, les dijo a los sindicatos que éste era «un momento para poner el hombro». En medio de las primeras paritarias, ese pacto de no agresión implícito que buscaba dejar al nuevo gobierno transitar sus primeros meses sin grandes presiones está cerca de quebrarse. Y se vislumbra es un período de alta conflictividad.
La ola de despidos y la suba de las tarifas, sumadas a la demora en la modificación del impuesto a las ganancias, tienen en pie de guerra ya no sólo a los gremios estatales, sino que en las últimas horas los privados sumaron presión y malestar.
Aliado circunstancial del macrismo, el jefe de los camioneros y de la CGT Azopardo, Hugo Moyano, resumió ayer el descontento creciente con varias advertencias. «La inflación es más alta que la que dice el Gobierno. Me hace acordar al Indec», lanzó el gremialista en un claro adelanto de que no comulgará con el 25% de aumento que el Gobierno está dispuesto a aceptar como tope, en línea con su meta de inflación para este año y lejano al reclamo de los estatales y de los docentes, que llega a superar el 40%.
En declaraciones a Radio Del Plata, Moyano señaló que no ve «a los gremios reaccionando» por lo que pasa con los despidos en la administración pública. «Si nos hubiera tocado a nosotros, estaríamos en la calle peleando. Nadie se puede hacer el distraído cuando hay despidos de la forma que está habiendo», afirmó.
Sin embargo, el jefe de la CGT Azopardo reconoció que parte de las medidas poco felices que se conocieron en los últimos días son la respuesta a la «trama económica difícil de superar» que caracteriza la herencia del kirchnerismo.
Parte de las demandas se oficializarán hoy, cuando unos 28 gremios de transporte se pronuncien sobre los reclamos históricos de soluciones para los trabajadores del sector, entre los que también se encuentra el impuesto a las ganancias.
Los transportistas pedirán que las modificaciones que prometió el Gobierno durante la campaña electoral sean retroactivas a diciembre del año pasado. También reclamarán la corrección en el sistema de escalas del tributo que pesa sobre los salarios.
Según pudo saber LA NACION, las exigencias serán presentadas al Gobierno formalmente pasado mañana en un encuentro con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el de Transporte, Guillermo Dietrich.
«Se tiene que eliminar el impuesto de la misma manera que se hizo para los sectores exportadores», señaló a LA NACION un sindicalista de peso en el ámbito del transporte, quien remarcó la importancia casi fundamental de que también se ponga sobre la mesa el planteo por la modificación de las escalas.
«Si no se modifican, la solución será parcial y sólo va a generar nuevos conflictos», advirtió el dirigente.
Transporte no es el único frente nuevo que el Gobierno debe soportar. El malestar también se extendió a otros sectores del ámbito privado, como al bancario y petrolero, en los que la conflictividad también está en aumento (ver aparte).
En Chubut hubo suspensiones de trabajadores petroleros por la caída del precio internacional del barril de crudo. Ayer los ministros del Interior, Rogelio Frigerio; de Energía, José Aranguren, y Triaca se reunieron con empresarios y sindicalistas del sector para destrabar el conflicto. Acordaron una tregua por seis meses y así se mantendrían 5000 empleos que están en riesgo.
En tanto, los trabajadores de la Asociación Bancaria encabezaron una jornada de protesta contra los despidos en el Banco Central.
Dentro de la órbita estatal los despidos superan los 7800, según datos manejados por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a los que accedió LA NACION, a pesar de que su jefe, Hugo «Cachorro» Godoy, insiste en que son más de 20.000 en los ámbitos nacional, provincial y municipal.
En el plenario de mañana, los estatales evaluarán presionar al Gobierno con un paro nacional -el primero de su gestión-, aunque según pudo saber LA NACION la medida de fuerza ya estaría acordada, y sería el 22 y el 24 de este mes.
Las demandas centrales
Empleo, salarios y mejoras impositivas, el eje de los reclamos sindicales
Freno a los despidos
El gremio estatal de ATE activará un paro nacional para reclamar la reincorporación de los despedidos y para repudiar los recortes. También hubo planteos similares en el sector privado, sobre todo en actividades vinculadas a la industria metalúrgica, automotrices y los petroleros
Impuesto a las ganancias
El Gobierno se comprometió a modificar los alcances del impuesto que pesa sobre los salarios. El cambio se realizará mediante un proyecto de ley y prevé eximir del tributo a los sueldos inferiores a $ 30.000. Los gremios piden que la medida sea retroactiva a diciembre
Aumentos salariales
Sin un índice que sirva como referencia, las paritarias todavía son una incertidumbre. Hubo aplazos con el pago de sumas a cuenta, como el caso de los bancarios, pero hay otros gremios que exigen subas de entre el 30 y el 50%, bastante más que la pauta del 25% con la que se especula desde el Gobierno
Del editor: cómo sigue.La suba de tarifas, la inflación y los despidos condicionan las paritarias y abren un escenario de conflicto en los sectores público y privado.
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