La ministra de Seguridad, Nilda Garré, quedó anoche en el centro de los cuestionamientos políticos y judiciales, a causa del bloqueo a los diarios Clarín y La Nación en la madrugada del domingo, luego de que un juez le exigiera respuestas concretas sobre los hechos y la oposición parlamentaria decidiera citarla a la Cámara Baja para el próximo miércoles.
Garré emitió anoche un comunicado en el que aseguró que «cumplió las directivas» recibidas de la Justicia y remarcó que se trató de «un conflicto gremial», para rechazar que ese hecho haya configurado un ataque a la libertad de prensa.
Hoy, el juez en lo Civil Gastón Matías Polo Olivera le exigió, por medio de un oficio, que en el término de tres días brinde explicaciones sobre el referido piquete que impidió la distribución de los matutinos, así como la identificación de los responsables del mismo y requirió conocer si hay medidas para evitar situaciones similares en el futuro.
Mientras, en la Cámara de Diputados los bloques opositores anunciaron que citarán para el miércoles a las 10 a Garré para que explique -ante el plenario de las comisiones de Libertad de Expresión, Justicia y Asuntos Constitucionales- las razones por las que habría desoído la orden judicial de garantizar la distribución de los diarios, además de preparar un proyecto de repudio por lo sucedido.
Así lo informaron, entre otros, la presidenta de la comisión de Libertad de Expresión, la radical Silvana Giudici, y la diputada cívica Patricia Bullrich, tras una reunión que mantuvieron con otros legisladores del radicalismo, el Peronismo Federal, GEN, PRO, partidos provinciales y de la Coalición Cívica, en el despacho de la primera.
Además, acordaron denunciar el episodio ante la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); mientras los bloques anti.-K del Senado tiene previsto impulsar la citación para el jueves del secretario de Medios de la Nación, Juan Manuel Abal Medina, para que informe al respecto.
Por su parte, Giudici indicó que la intención de los opositores es «ampliar una denuncia anterior (ocurrida en abril de 2010) ante la relatora de Libertad de Expresión de la OEA, Catalina Botero», en aquella ocasión la queja opositora se basó «en ataques a medios del interior, el manejo irregular de la pauta publicitaria oficial y discriminación al diario Perfil»; mientras Bullrich indicó que «ante la magnitud de los hechos, la relatora tendría que venir a la Argentina».
Su colega radical Ricardo Alfonsín señaló, al término de la reunión, que «en realidad la mayor responsabilidad la tiene la Presidenta, que debió tomar medidas para que esto no ocurra», y su jefe de bloque, Ricardo Gil Lavedra, opinó: «La Constitución dice que los ministros deben concurrir a informar a las comisiones».
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