ADEPA consideró que es «una amenaza para la libertad de expresión
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) alertó ayer sobre «los graves riesgos para la libertad de expresión que plantea la decisión del gobierno de Cristina Kirchner de imponer controles para el acceso al papel para diarios».
«El nuevo avance gubernamental sobre el abastecimiento de este insumo, a través del establecimiento de cupos para la producción y la importación, configura una amenaza a la libertad de expresión y puede ser usado como herramienta de presión editorial o censura indirecta», dijo la organización que agrupa a los editores de diarios de la Argentina.
«La resolución que otorga a la Secretaría de Comercio Interior -a cargo de Guillermo Moreno- el control total de la producción e importación de papel para periódicos confirma los serios temores expresados por ADEPA antes de sancionarse la ley», recuerda la entidad.
De esta forma, «los diarios argentinos vuelven a depender del arbitrio del Gobierno a la hora de importar papel, algo que retrotrae a épocas sombrías para el ejercicio del periodismo libre en el país»,
El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, dictó anteayer la resolución 9/2012, que reglamenta la ley sancionada el 22 de diciembre a instancias de la Casa Rosada, que declaró de interés público la producción, importación y comercialización del principal insumo de los medios gráficos del país.
Esa norma, además, le otorgó el control absoluto sobre la producción, comercialización e importación del papel para diarios al secretario de Comercio, Guillermo Moreno.
En esa norma se fijó la obligación de Papel Prensa y de los periódicos de inscribirse en un registro especial; fija cupos para la compra e importación de papel, actividades que hasta ahora eran absolutamente libres; establece la obligación de los socios privados de Papel Prensa -que es propiedad de Clarín, La Nacion y el Estado nacional- de presentar en febrero un plan trienal de inversión para aumentar la producción de papel hasta cubrir el ciento por ciento de la demanda local y permite al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, aplicar sanciones que llegan a los 75 millones de dólares.
Fuente: La Nacion
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