La diputada nacional, Graciela Ocaña, fue denunciada penalmente por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con su condición de funcionaria pública y falsedad maliciosa en la presentación de su declaración jurada del año 2016.
La diputada nacional Graciela Ocaña fue denunciada en la justicia por el referente de la ONG La Alameda, Gustavo Vera, quien pidió que se investigue su incremento patrimonial.
A través de un comunicado, La Alameda presentó un pedido de investigación que recayó en el juez Julián Ercolini y el Fiscal Jorge Di Lello. El patrimonio total de diputada nacional, sostiene la denuncia, alcanza 5 millones de pesos e incluye una serie de inmuebles, como «una mansión en un country, un departamento en Puerto Madero y dos domicilios más, sin incluir los otros cuatro de su marido».
Vera presentó la causa penal a través de su representante legal, Daniel Llermanos, histórico abogado del gremio de camioneros, y que recayó en el juzgado de Julián Ercolini. En el escrito el ex legislador destaca el “notable” crecimiento económico de Ocaña que surge de la simple lectura de su declaración jurada de 2016, presentada ante la Oficina Anticorrupción, en comparación a la remitida el año anterior.
Según el escrito “ascendió de $ 1.523.321,70 a $ 4.052.874,46 pesos, aclarándose que había adquirido deudas por 629.714,03 pesos. En ese sentido, Vera sostuvo que “es llamativo tan brutal incremento siendo que Graciela Ocaña, de 58 años, los últimos casi veinte el único trabajo que tuvo es en el Estado”.
Vera sostiene que en la declaración jurada se pueden apreciar “además de incrementos patrimoniales no justificados, diversas inconsistencias”.
Vera sostuvo que Ocaña incurrió en diversos posibles delitos que la justicia debería investigar: un inmueble en la Ciudad de Buenos Aires «adquirido según afirma, mediante el otorgamiento de un crédito en el año 2013», por $630.000, valor que «sería inferior al real»; otro inmueble, también comprado mediante crédito en el año 2000, con un valor de «un centavo de peso, a pesar de que a la fecha original de la adquisición manifestó que el precio correspondiente era de $282.097»; dos autos también valuados en un centavo cada uno; una caja de ahorro con más de $150 mil obtenidos de la venta de activos sin especificar su origen y que, además, se convirtieron en casi $1 millón; un supuesto terreno baldío de $900 mil en un barrio privado, en el que en realidad habría una «lujosa casa valuada en un millón de dólares»; y una constructora, que comparte con un empresario que vive en el mismo country del «terreno baldío», que le dio más de $1 millón.
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