Luego de 16 años, la Argentina salió de la emergencia económica que había sido establecida por primera vez el 6 de enero de 2002 -en medio de una crisis política, económica y social sin precedentes- y prorrogada cada dos años por los gobiernos que se sucedieron desde entonces.
En septiembre pasado, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, había adelantado la decisión del Gobierno de no prorrogar la vigencia de la «Ley de emergencia pública y reforma del régimen cambiario». Y a partir de hoy, entonces, quedan atrás una serie de facultades delegadas al Poder Ejecutivo, que ya no podrá ejercer.
Esta ley de «emergencia» -establecida en principio por dos años- delegaba en el Presidente y sus ministros facultades extraordinarias. Entre ellas, la de establecer el sistema que fija el tipo de cambio entre el peso y las divisas extranjeras, como el dólar.
Además, el Ejecutivo tuvo durante esta década y media la posibilidad de fijar retenciones a la exportación de hidrocarburos, de establecer tarifas y renegociar los contratos de servicios públicos en manos de empresas privadas, y de regular los precios de la canasta básica.
Por esa ley, al mismo tiempo, el Congreso había quedado atado a la discrecionalidad presidencial mucho más allá de lo permitido por la Constitución Nacional para la delegación legislativa. «Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca», señalaba la ley de emergencia económica en el artículo 76.
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