Detuvieron a Sergio le imputan ser el jefe de una asociación ilícita que hizo un fraude millonario al Estado en la construcción de viviendas. Más tarde se entregó su hermano Pablo
El escándalo en la Fundación Madres de Plaza de Mayo, el juez federal Norberto Oyarbide detuvo ayer a Sergio y Pablo Schoklender. Los acusa de integrar una sociedad ilícita dedicada a desviar fondos públicos, se calcula que más de $ 70 millones, para la construcción de viviendas sociales. También quedó preso el contador Alejandro Gotkin, mano derecha del ex apoderado de la Fundación.
En una resolución de 22 carillas, el juez mencionó algunas de esas maniobras. La extracción «presumiblemente irregular» de $ 13.333685 de una cuenta de la Fundación en el Banco Credicoop. También destaca el retiro por parte del mayor de los Schoklender de $ 1.550.000 de otra cuenta en el Banco Ciudad. Y menciona transferencias millonarias e empresas hasta ahora desconocidas: Cabaña Agropecuario el Zonda ($ 44.260.939) o Agropecuario Monte León SA ($ 23.580.624).
Oyarbide también le imputa al ex apoderado el desvío de dinero a distintas financieras, la falta de pago de las cargas sociales de los obreros , la falsificación de facturas, el desvió de materiales a casi una decena de propiedades que pertenecen al entorno de los Schoklender, y la compra irregular de terrenos. Pero no incluyó entre los delitos el lavado de dinero porque no lo permite la ley que regía cuando se inició la causa.
Al mismo tiempo que detenía a Sergio, Oyarbide ordenaba el arresto de su mano derecha y de su hermano, imputados como «organizadores» de la asociación ilícita. Alejandro Gotkin, presidente de Meldorek, fue encontrado en uno de sus domicilios. En cambio, Pablo no estaba cuando lo fue a buscar la Policía Federal y se entregó por la tarde en una comisaría de Palermo. Ambos deberán declarar en las próximas horas.
Anoche, Hebe de Bonafini se mostró «satisfecha» con las detenciones, de las que se fue enterando a lo largo del día mientras se realizaba estudios en La Plata y ahora quiere que lo condenen por el desvío de fondos públicos.
Hugo Alconada Mon de «la Nación» escribio
De todo un poco. Desvíos para cuentas propias, para bolsillos ajenos, para comprar terrenos y barcos, para pagar indemnizaciones laborales (en negro) y hasta para solventar obras públicas con fondos, también públicos, pero que estaban destinados a otros fines. En suma, el cálculo preliminar de la Justicia es que Sergio Schoklender habría desviado al menos 283,6 millones de pesos, más otros 1,3 millones de dólares de las arcas fiscales desde 2005, según surge del expediente.
Schoklender actuó, sin embargo, junto con 15 colaboradores en perjuicio de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Lo ayudaron durante cerca de seis años, según el juez federal Norberto Oyarbide, que incluyó a María Alejandra Bonafini entre los acusados, pero dejó afuera a su madre, Hebe Pastor de Bonafini.
El perjuicio abarcó, además, al Estado nacional, a la ciudad de Buenos Aires y a varias provincias, como Chaco y Salta, al tiempo que el dinero desviado abarcó, entre otros, campos y terrenos adquiridos en Santa Fe, por $ 4 millones; Misiones, por US$ 925.000, y Chaco, por otros 900.000 pesos.
El presunto desfalco no sólo abarcó dinero en efectivo, sino que también incluyó «la adquisición y utilización de manera irregular de materiales de construcción de la Fundación» para fines particulares. Entre otros, para 20 inmuebles privados vinculados con la ex esposa de Sergio Schoklender, Viviana Sala, a su hermano Pablo Schoklender y hasta al colegio Jean Piaget, entre otros.
El desvío también se apoyó en el pago de salarios a supuestos empleados de la Fundación que no eran tales. A tal punto, destacó Oyarbide, que se completaron más transferencias para sueldos que la cantidad de personas que trabajaban para las Madres en ese momento.
A otros empleados de Madres sí se les pagó. Pero sin las retenciones de ley o sin los aportes patronales y las cargas sociales o 100 por ciento en negro, mientras que también se desviaban los fondos para sus aportes y cargas.
A esto se suman montañas de dinero que la entonces mano derecha de Bonafini, su hermano Pablo y varios colaboradores más retiraron por ventanilla de distintos bancos. Siempre por montos de seis o más cifras -300.000, 295.000, 300.000, 400.000, 390.000 y 160.000 pesos- y siempre en billetes «de baja denominación».
Los supuestos desvíos de fondos también alcanzaron inmuebles peculiares. Como la quinta que Schoklender compró en José C. Paz con cancha de tenis, fútbol, pileta, casa para invitados, quincho y hasta discoteca y que, tras el estallido del escándalo, dijo que pensaba donar a la provincia de Buenos Aires para ayudar a la rehabilitación de drogadictos.
Junto con la quinta, Schoklender también adquirió dos barcos. El primero, Aragorn, que luego entregó como parte de pago, más US$ 20.000, para la compra del segundo, Nativo. Para Oyarbide, con «fondos públicos que habrían ingresado en la Fundación».
La mayor partida que quedó bajo la lupa de los investigadores, sin embargo, corresponde a la emitida por el Ministerio de Planificación Federal, que lidera Julio De Vido, para la construcción de 780 viviendas en el predio conocido como «Villa Cartón», en el cruce de las avenidas General Paz y Castañeras.
Con un monto global de $ 151,9 millones -lo que daría un costo total de casi $ 195.000 por vivienda-, la sospecha alcanza a las firmas que aparecen en el convenio. Según el Cuerpo de Peritos Calígrafos de la Corte Suprema, tres de las firmas «no se corresponden» con las rúbricas reales de esas personas.
En la misma línea, Schoklender y sus colaboradores también endosaron fondos «a empresas que no habrían dado contraprestación alguna a la Fundación». Entre otras, la firma Cabaña Agropecuario el Zonda SA (por $ 44,2 millones), Agropecuario Monte León SA (por $ 23,5 millones), Junín Cereales ($ 6,9 millones) y Meldorek ($ 3,3 millones).
La operatoria también abarcó financieras «a los fines de evadir impuestos y/o posibilitar el cobro de dinero», como también facturas truchas, «tipo C», varias de las cuales fueron halladas en blanco durante los allanamientos «a los fines de justificar el desvío del dinero».
DINERO SIN CONTROL
$ 765
Millones
Es el monto que el Gobierno le giró a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para el plan de viviendas sociales hasta que estalló el caso.
$ 280
Millones
El juez Oyarbide calculó en esa cifra la cantidad de dinero público que Schoklender desvió.
20
Casas particulares
Se construyeron con materiales pagados con fondos públicos. Son propiedades de los acusados en barrios privados del conurbano.
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