El campo y la oposición se levantan contra la ley antiterrorista

 

Echegaray tomó distancia de las versiones. La Unidad de Información Financiera se mantuvo en silencio.

La posibilidad de que la Casa Rosada aplique la Ley Antiterrorista para obligar a vender a los productores sojeros y así  alentar el ingreso de divisas al país generó el rechazó unánime del sector rural, sindicatos y la oposición, pese a que el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, aclarara que el fisco «sólo aplica la Ley Penal Tributaria».

 

Oposición en contra. La diputada Margarita Stolbizer (GEN-FAP) aseguró que intimidar con la aplicación de la ley antiterrorista a productores sojeros es “propio de gobiernos autoritarios” y alertó que, de esa forma, “no se frena la fuga de dólares” y, por el contrario, se desalientan las inversiones.

 

«Sin perjuicio de quienes sean los destinatarios de esta herramienta, está claro que la intención, nuevamente, es intimidar, perseguir y reprimir a quienes se plantan frente al Gobierno», apuntó. «No resuelven los problemas, los multiplican y después persiguen a los que denuncian y reprimen a los que se movilizan para reclamar», prosiguió.

 

Por su parte, el diputado nacional por el Frente Peronista, Eduardo Amadeo, señaló que la aplicación de la norma  a productores sojeros «es una medida con sesgos dictatoriales y muestra claramente la desesperación del Gobierno ante los fallidos intentos de parar la sangría de dólares, como el cepo cambiario o el dólar blue».

 

«El Gobierno perdió el sentido común», enfatizó Amadeo, quien consideró que «es un gravísimo error acusar a los productores agropecuarios de generar una devaluación forzosa». «El kirchnerismo debe hacerse cargo de su inexistente política económica», fustigó.

 

Asimismo, la diputada Patricia Bullrich (Unión por Todos) opinó que «si al Estado le faltan dólares por la sequía de la campaña pasada, es este Gobierno el responsable de que la producción no esté diversificada». «Frente al fracaso del cepo y del modelo económico kirchnerista, quieren extorsionar y llamar terroristas a los productores», siguió Bullirich.

 

Para la diputada de PRO Laura Alonso la ley es un «adefesio fascista». Alonso pidió que «se derogue la ley antiterrorista». «El kirchnerismo la quiere aplicar a los sojeros al igual que hace con los militantes sociales», reclamó la legisladora macrista. Según Alonso, la norma «no hace más que ampliar el poder punitivo del Estado arbitrariamente, atentando contra los derechos y libertades individuales».

 

Mientras tanto, el diputado y productor agropecuario Ulises Forte (UCR-La Pampa) responsabilizó al secretario de Comercio, Guillermo Moreno, por la medida. Para el radical, aplicar la ley antiterrorista “es otro golpe mediático” de Moreno para “sembrar miedo, terror, pánico para que la gente se desprenda de los granos”. “Nadie tiene obligación de vender. Si el productor pudo quedarse con algunos miles de toneladas es para afrontar el precio de la siguiente campaña”, explicó.

 

Con el campo, no. El dirigente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi, consideró la supuesta iniciativa kirchnerista como «el más absoluto disparate». «Que quede claro, no hay más soja, se terminó: el año pasado hubo una mala cosecha que no se quiso reconocer desde el Gobierno y ahora dicen que estamos escondiendo la leche, como diría el tambero», sostuvo Buzzi.

 

En el mismo sentido, el presidente de Confederaciones Rurales (CRA), Rubén Ferrero, estimó que esta versión sería «parte de los aprietes y las amenazas del Gobierno contra el campo».

 

Horas antes, el presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere, no dudó en calificar como «un acto fascista» el eventual uso de la controvertida normativa. «Es un absurdo que se pretenda intimidar a la producción con un delito penal. Es un acto fascista», repudió. «El Gobierno sabe que no existen 5000 millones de dólares guardados en los campos», remarcó.

 

Rechazo sindical. Por su parte, el titular del Partido FE y secretario gremial de UATRE, Gerónimo «Momo» Venegas, expresó hoy su «preocupación» ante la posible aplicación de la ley, y consideró que «el que se está transformando en terrorista es el Gobierno».

 

«Este Gobierno sólo sabe manejarse con amenazas, intimidaciones y extorsiones hacia los trabajadores. Parece que es él quien se está transformando en terrorista», afirmó en un comunicado.