La expulsión de extranjeros sólo podría aplicarse en pocos casos. Según estadísticas del Servicio Penitenciario Federal, el universo sobre el que se implementaría es reducido; está condicionada por el tipo de delitos cometidos
Según un informe del Servicio Penitenciario Federal (SPF), uno de cada cinco presos en la Argentina es extranjero. Es uno de los índices más altos de América latina.
Sin embargo, de ese universo, el 56 por ciento fue detenido por violar la ley que reprime los delitos de narcotráfico, por lo que no sería expulsado del país si se aprobara la reforma del Código Procesal Penal que propone el Gobierno, ya que el proyecto sólo prevé sancionar con la deportación a los extranjeros acusados por hechos leves con penas menores a los tres años de prisión. Lo mismo sucede con parte de los que están detenidos por delitos contra la propiedad (24,93%) y por delitos contra la integridad sexual (3,52%).
Además, deben estar en el país en situación ilegal y ser detenidos en flagrante delito. Y aun si reunieran estas condiciones, el texto del proyecto dice que «podrán» ser expulsados, no que deberán serlo.
Por esta razón, desde el propio Gobierno admiten que es muy escasa la cantidad de casos a los que se le llegaría a aplicar esa medida.
La expulsión de extranjeros que delinquen en el país es uno de los puntos que mayor polémica desataron tras la presentación del proyecto oficial de reforma del Código Procesal Penal, cuyo tratamiento comenzará el próximo martes en el Senado. Sin embargo, el informe del SPF demuestra que su impacto sería muy acotado.
De hecho, la oposición advirtió que se trata de un «eslogan oficialista» para disimular otros aspectos más gravitantes de la reforma, como la de delegar en los fiscales -que dependen de la ultrakirchnerista Alejandra Gils Carbó, procuradora general de la Nación- todo el peso de la investigación de las causas penales, entre ellas, las de corrupción.
El porcentaje de extranjeros presos en el conjunto de la población penal ha ido creciendo desde 2004.
Así consta en el informe que proporcionó por escrito el miércoles pasado al Senado el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich , al que tuvo acceso la nacion.
A una pregunta del senador Gerardo Morales (UCR), Capitanich respondió que, según datos suministrados por el SPF, de los 10.205 presos en distintas cárceles de nuestro país, 2102 provienen de naciones foráneas. Esto representa el 20,60%, uno de los índices más altos de América latina.
Este porcentaje de presos extranjeros se reduce aún más si se toma el total de las cárceles provinciales: apenas el 6% de los detenidos son extranjeros, según el último informe de la Procuración Penitenciaria Nacional.
Se contabilizan allí, además de los presos del Servicio Penitenciario Federal, los de las cárceles de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Chubut, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
El SPF precisó que en 2004, es decir, en el primer año de la gestión de Néstor Kirchner , la cifra de extranjeros presos fue de casi el 14%. Luego, hubo un pico del 21,3% en 2007 y luego se estabilizó en valores promedio del 20% en los siguientes años hasta la actualidad.
Lo llamativo del informe es que el 56,6% de los extranjeros presos fueron detenidos por narcotráfico, lo que revela cómo este flagelo ha ido creciendo en nuestro país. Este delito, según la ley 23.737, prevé penas de entre tres y quince años de prisión, según cómo y quién lo cometa. Pero por la reforma del Código Procesal Penal del Gobierno estos delincuentes no serían expulsados del país.
En la oposición, este punto generó reacciones dispares. Por caso, el presidente de la UCR, el senador Ernesto Sanz , sostuvo que «es imposible estar de acuerdo con esa idea del Gobierno» de expulsar a los extranjeros delincuentes, y advirtió que «en ningún lugar del mundo existe una medida así, que se deporte a un extranjero indocumentado que cometa un delito y lo encuentran in fraganti».
Sergio Massa (Frente Renovador), en cambio, avaló la idea. «Estamos de acuerdo con herramientas que permitan expulsar a inmigrantes que cometen delitos, como creemos que es importante terminar con la puerta giratoria y las trampas procesales», dijo en Radio Mitre.
Fuente: La Nación
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