El Gobierno planteó que los jueces del Consejo no deben ser independientes. En un escrito que presentó ante la jueza federal María Servini de Cubría para pedirle que rechace los amparos contra la ley de Consejo de la Magistratura
El Gobierno afirmó que los jueces que integran ese organismo «no deben gozar de la garantía de independencia».
Si algo precisamente objeta la Asociación de Magistrados a la ley 26.855 que modificó el Consejo es que la nueva norma, que establece la elección popular de jueces y abogados que integrarán el Consejo, así como su participación en las listas de los partidos políticos, deteriora la independencia de esos representantes. ¿Acaso puede un Consejo que no conservaría rasgo alguno de independencia asegurar la independencia del Poder Judicial?
Por eso es curioso que el documento que firma la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, y que la jueza Servini leerá con mucho detenimiento antes de pronunciarse sobre la validez de esa norma, en alguna medida viene a revelar cuál es la visión del Gobierno y considera expresamente que los jueces que integran el Consejo «cumplen una actividad netamente administrativa», olvidando que ese es un órgano de gobierno del Poder Judicial.
Ese extenso escrito, que tiene 123 páginas y al que tuvo acceso la nacion, no lleva la firma de la presidenta Cristina Kirchner, pero Abbona, la jefa de todos los abogados estatales, es una funcionaria que interpreta fielmente a la jefa del Estado: nacida en Córdoba, Abbona llegó a Santa Cruz en los años ochenta y, desde entonces, trabó una relación muy estrecha con Carlos Zannini y con el matrimonio Kirchner, a tal punto que integró el Tribunal de Cuentas provincial. Esta semana, cuando Servini de Cubría se reintegre a su juzgado, comenzarán a definirse las cosas.
Por cierto, mientras la magistrada estuvo una semana de licencia, una docena de jueces federales de todo el país suspendió la obligación que estableció la nueva ley 26.855 para que los jueces, abogados y académicos participen en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) formando parte de las listas de los partidos políticos.
Jueces independientes y, también, jueces que hasta hace poco eran kirchneristas, coincidieron en ponerle un freno al Ejecutivo. Los jueces, dicen en Tribunales, sienten que «el Gobierno ahora va por la Justicia».
Pero Servini no es una jueza más, sino que tiene competencia electoral y, a diferencia de las medidas cautelares que tomaron los demás magistrados, ella parece encaminada a dictar una sentencia definitiva, de fondo, que es muy esperada en la Corte Suprema.
Si bien la Constitución Nacional establece que los jueces y abogados que integran el Consejo deben ser representes de esos estamentos y, por lo tanto, deben ser elegidos por elecciones cerradas sus colegas, el Gobierno, en el citado escrito, insiste en sostener que el Congreso puede establecer las elecciones populares. Esta reforma, según también lo dijo la Presidenta en varios de sus discursos públicos, servirá para aggiornar la «corporación judicial» y al «establishment de los jueces», como lo califica el escrito de Abbona.
¿Qué es lo que ocurrirá esta semana? Según lo que pudo averiguar la nacion, se espera lo siguiente:
La jueza Servini, lo primero que tendrá que decidir es si envía los siete amparos que tiene a estudio a la procuradora general de la Nación, la kirchnerista Alejandra Gils Carbó, para que designe un fiscal que opine en el expediente. Servini le había dado intervención al fiscal electoral Jorge Di Lello, que se excusó; y a un segundo fiscal, Carlos Rívolo, que se negó a opinar porque no tiene funciones electorales.
Si Servini envía el expediente a Gils Carbó, el Gobierno tiene una oportunidad para dilatar el trámite de la causa. Pero la jueza no estaría dispuesta a permitir que eso se demore más de 24 o 48 horas. Claro que en una carrera contra el reloj, a medida que se acerca la fecha de las PASO, que se harán el 11 de agosto, cada día que pasa, cuenta.
El Gobierno, en su escrito, niega que la Asociación de Magistrados, que preside el camarista Luis Cabral, tenga facultad legal (legitimación) para cuestionar la reforma. Pero es indudable que esa entidad, integrada por jueces y fiscales, está íntimamente conectada con el Poder Judicial. Por eso, la demanda que promovió la Asociación también cobra interés para la Corte.
Luego, el Gobierno también deberá decidir si presenta un recurso de apelación ante la Cámara Nacional Electoral, para apelar la sentencia definitiva de Servini, y ante la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, para que revise la docena de medidas cautelares que se dictaron esta semana, o si, por el contrario, se arriesga a presentarse con un per saltum ante la Corte Suprema.
Según fuentes de Tribunales, en la Corte hay cinco votos que están casi seguros en contra de la reforma. ¿Se arriesgará el Gobierno a obtener un fallo en contra del máximo tribunal? Si sabe que va a perder, y es más, si en definitiva no le viene mal que un juez suspenda las PASO para abogados y jueces -ante el riesgo de enfrentarse con una lista única de toda la oposición- ¿no le convendría perder ante una cámara que en definitiva es un tribunal inferior?
De todos modos, los más importantes funcionarios de la Corte, por las dudas, ya revisan varias de las ideas que fueron desarrolladas por los jueces inferiores que dictaron las medidas cautelares.
Entre los principales cuestionamientos figuran los siguientes: el nuevo Consejo no es «equilibrado» -algo que sí exige la Constitución- porque está previsto que lo integren tres jueces y tres abogados de un total de 19 miembros; las elecciones populares politizan el Consejo y, finalmente, el hecho de que una mayoría de diez consejeros alcance para iniciarle el juicio político a cualquier magistrado pone a todos los jueces en el riesgo de ser destituidos..
Fuente: La Nación
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