Nación criticó a De la Sota por no tomar medidas contra narcotráfico. El funcionario K dijo que la seguridad en Córdoba es responsabilidad del gobernador. Aseguró que los jueces no van a las fronteras porque les tienen miedo a las víboras.
El secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, criticó sin mencionarlo al gobernador José Manuel de la Sota, en relación al tema del narcotráfico, al afirmar que “la seguridad es una responsabilidad indelegable de las provincias en cabeza del gobernador”, y sostener que hay mandatarios que “pretenden que la Gendarmería les reemplace el trabajo que tiene que hacer la policía de su provincia”.
Además, en alusión al narcoescándalo cordobés y a la situación que se vive en Santa Fe, criticó la “corrupción” que golpea a algunas provincias, donde hay “connivencia” entre las policías locales y los narcos.
“La Gendarmería nacional no viene a resolver los problemas que los gobernadores tienen con su policía. Hay provincias como Córdoba que tienen serios problemas con sus fuerzas policiales de corrupción y convivencia con el narcotráfico”, dijo el secretario de Seguridad, Sergio Berni.
El funcionario kirchnerista, hoy uno de los más cercanos a la presidenta Cristina Fernández, insistió: “La seguridad es una responsabilidad indelegable de las provincias en cabeza de su gobernador. Quien es el responsable es el ministro de Seguridad de cada provincia. No es que no se puede hacer nada: las policías provinciales tienen plena potestad para trabajar”.
El virtual ministro de Seguridad de la Nación hizo extensiva, una vez más, esta caracterización también a Santa Fe, donde responsabilizó al gobernador socialista Antonio Bonfatti de “haber retirado al Estado provincial de políticas activas” en los sectores sociales. “En Córdoba y Santa Fe, sus policías son parte del problema y no de la solución”, manifestó Berni.
Tanto Santa Fe como Córdoba son las provincias en las cuales estallaron escándalos en los cuales se involucró a altos jefes policiales en el tráfico de drogas.
De la Sota, peronista disidente, y Bonfatti, socialista, son gobernadores críticos de la gestión kirchnerista. Ambos mandatarios (ver aparte) creen ver una cuestión política y apuntan a la Nación por los escándalos que se han sucedido en sus provincias.
Berni también criticó a
De la Sota por impulsar una ley de derribo de aviones sospechados de narcotráfico, en coincidencia con sectores de la oposición, como el intendente de Tigre, Sergio Massa. El funcionario señaló: “La ley de derribo es una pena de muerte, que va en contra de los principios constitucionales y los acuerdos internacionales”.
También los ministros Julio Alak (Justicia), Arturo Puricelli (Seguridad) y Agustín Rossi volvieron a salir al cruce por segunda ocasión en las últimas 72, con declaraciones periodísticas en defensa de la política gubernamental contra el narcotráfico y, esta vez, con dureza contra la Corte Suprema de Justicia, que el martes emitió una resolución de sus siete integrantes con la cual exige medidas “urgentes” para al problema.
No obstante celebrar el “acompañamiento” de la Justicia en el problema a partir del pronunciamiento de la Corte, el secretario de Seguridad cuestionó al alto tribunal: “Cuando invito (a jueces), inclusive a la Corte la he invitado a trabajar con nosotros en la frontera norte, muchos no quieren porque les dan miedo las víboras y las arañas, y les molesta el calor. Otros porque tienen tremendo pánico y terror porque cuando recorremos en helicóptero tirotean del otro lado de la frontera”, atacó Berni.
Autocrítico
Sin embargo, el funcionario dijo que el Gobierno nacional es “muy autocrítico” de su política contra el narcotráfico, pero insistió en hacer cargo a la Justicia porque “no acompaña” y al Poder Legislativo, que “tendría que aggiornar leyes, sobre todo referidas a procedimientos, para dar más agilidad y flexibilidad” a las fuerzas de seguridad, manifestó.
El ministro de Justicia, por su parte, volvió a señalar que la demora en la designación de jueces en cargos vacantes, sobre la que reclamó la Corte, es responsabilidad del Consejo de la Magistratura.
Su par de Seguridad, a su vez, reconoció que “la presión del narcotráfico es muy grande, muy fuerte” y afirmó que el Gobierno “hace todo el esfuerzo y la inversión posibles, en un país con una frontera muy permeable”. Alak y Puricelli hicieron declaraciones en una conferencia de prensa conjunta.
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