Preocupado, el Gobierno tienta a los sindicatos con futuras medidas. El macrismo busca recomponer los lazos con los gremios aliados que demostraron su descontento por el aumento de precios; «estamos pensando opciones que ayuden al trabajador», dijo Jorge Triaca.
El gobierno de Mauricio Macri recibió ayer con preocupación la advertencia que lanzó el jefe de la CGT Azopardo, Hugo Moyano, sobre el impacto de la inflación y la suba de tarifas que abrió un nuevo escenario de tensión frente a la negociación salarial de este año.
Para recomponer lazos, la Casa Rosada tienta a los sindicatos con promesas de medidas, que van desde los todavía no concretados cambios en el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias hasta reducir el IVA en la canasta básica de alimentos para jubilados y beneficiarios de la asignación por hijo.
«Estamos pensando opciones que ayuden al trabajador», anticipó el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que les restó impacto político a las declaraciones del sindicalista, en las que remarcó que la decisión oficial de establecer un techo de suba salarial de 25 por ciento sin conocerse cuál es la inflación le hacía recordar las estadísticas brindadas por el Indec durante la gestión kirchnerista.
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Por el momento, Macri no tiene previsto concretar una reunión con los líderes sindicales. Desde que asumió todavía no los recibió. En Balcarce 50 argumentan que la interna gremial aleja las posibilidades de un encuentro y aclaran que, de todas maneras, los contactos informales existen.
«Más allá de los comentarios, ellos saben que estamos trabajando en los temas que les preocupan. Hay reuniones permanentemente que no toman estado público», apuntó Triaca. Ayer, su segundo, Ezequiel Sabor, insistió en que el gobierno nacional ratificará una pauta inflacionaria anual que oscile entre el 20 y el 25 por ciento, algo a lo que se oponen los sindicatos.
A ese escenario se sumó la suba de tarifas en el consumo eléctrico, que provocó la reacción más fuerte de los gremios ante la inminencia de la discusión salarial. Sin datos oficiales de inflación y con el impacto del fuerte aumento en la luz y próximamente en el gas, además del transporte, el clima de tensión entre la Casa Rosada y el sindicalismo se enrareció.
Con intendentes
El Presidente no tiene planes de dar marcha atrás con la medida después de que ayer se publicó en el Boletín Oficial el nuevo esquema tarifario para el consumo de luz. Por lo menos eso fue lo que transmitieron el ministro de Energía, Juan José Aranguren, y del Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, en una reunión que mantuvieron en la Casa de Gobierno con un grupo de intendentes del conurbano bonaerense, tanto del Frente para la Victoria (FPV) como de Pro y el Frente Renovador.
Los jefes comunales del peronismo habían pedido formalmente un encuentro a Aranguren, que se trasladó al despacho de Frigerio en Balcarce 50 y al que el Gobierno nacional sumó a otros intendentes de distinto signo político para ampliar la convocatoria y restarle trascendencia al PJ.
«Agradecemos la reunión, pero nos preocupa el impacto de las subas de tarifas en el bolsillo de los trabajadores y los más humildes. La tarifa social que plantea el Gobierno es insuficiente», planteó el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, que advirtió a los ministros de Macri por la falta de una audiencia pública para debatir el alza en la electricidad.
Como anzuelo, la Casa Rosada promete medidas para paliar el impacto de la inflación, que podrían anunciarse la semana próxima. Al paquete de cambios en Ganancias, que se anunciaría recién como proyecto de ley el 1° de marzo, suman una suba en las asignaciones familiares y la reducción del IVA en alimentos para los sectores sociales más vulnerables.
«Vamos a dar una señal clara de que nuestra preocupación está en cuidar el poder adquisitivo, que no sólo se dará a través de la paritaria, sino también con un ordenamiento impositivo. El gobierno anterior les sacaba plata a los trabajadores al no actualizar el mínimo de Ganancias», agregó Triaca.
Al combo de medidas para aplacar los ánimos con los sindicatos, el Gobierno comenzó a instalar la idea de debatir una suba salarial escalonada en dos partes en función de si logra el objetivo de bajar la inflación a partir del segundo semestre. Ayer, Sabor no descartó que se promueva una paritaria por seis meses. «Después se puede ajustar con otro número», reconoció el número dos del ministerio de Trabajo.
Fuente: La Nación
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