El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, aseguró que el gobierno nacional «está revisando todos los contratos» que la empresa brasileña Odebrecht tiene en el país, en medio de las investigaciones judiciales por el supuesto pago de coimas.
«Tengo entendido que ya la Procuración del Tesoro, que es el abogado del Estado, está analizando todos los contratos de la empresa en el país, y eso lo hace con cada uno de los ministerios», subrayó el funcionario nacional.
En declaraciones a radio Mitre, el ministro señaló que «hay obras contratadas por el gobierno anterior, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Energía y con el Ministerio de Transporte».
Al ser consultado sobre si podría pararse el soterramiento del tren Sarmiento que lleva adelante Odebrecht, Garavano afirmó que «eso es una facultad que corresponde a cada uno de los ministerios».
Odebrecht admitió haber pagado 35 millones de dólares de coimas en la Argentina, para ganar las licitaciones de distintas obras.
«Hay 35 millones de dólares que pagaron en coimas a funcionarios públicos del gobierno de la señora (Cristina Kirchner), lo que hay que ver es quienes fueron y cómo se hizo. Esto fue admitido por la empresa en Brasil y los Estados Unidos, y no por ser del gobierno de ella», señaló Garavano.
Sospechas
Para el gobierno y el propio presidente Mauricio Macri, los empresarios de Odebrecht tienen una actitud dilatoria y están operando para demorar la información que incrimina a ex funcionarios kirchneristas, empresarios y políticos actuales de Argentina.
En la intimidad, el Presidente acusa a la firma de montar una «operación de inteligencia” para involucrar a Gustavo Arribas en el escándalo y complicar a Cambiemos en la investigación, según publicó Clarín.
Ayer luego de que subiera la tensión por las demoras en el envío de la información, la Fiscalía General de Brasil anunció que a partir del jueves se entregará a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, los videos de los delatores y documentos sobre los sobornos pagados en Argentina por parte de la empresa brasileña Odebrecht, según confirmaron voceros del gobierno al medio.
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