Los abogados de la empresa reiteraron que no se había acusado a periodistas. Hoy, pedirá que no testifiquen
El apoderado del Grupo Clarín presentará hoy ante la Justicia un escrito en el que adelanta que no citará como testigos a periodistas para sostener la denuncia que por los delitos de incitación a la violencia colectiva formularon la semana pasada ante la justicia federal. En el documento, José María Sáenz Valiente sostiene que “con la finalidad de despejar todo tipo de dudas y de evitar interpretaciones erróneas (…) corresponde remarcar que no existe de mi poderdante ni mucho menos de este apoderado voluntad alguna de impulsar medidas de prueba –ni de ninguna otra índole- respecto” de los periodistas.
El nuevo escrito llegará tras otra presentación que hicieron ayer los abogados patrocinantes del Grupo Clarín, Hugo Wortman Jofré y Alejandro Pérez Chada. En el juzgado a cargo de Luis Rodríguez, los abogados ratificaron que no dirigieron imputación alguna contra un grupo de periodistas, y en cambio sí lo hicieron contra los funcionarios y dirigentes kirchneristas como el ministro de Justicia, Julio Alak, al Secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, al titular de la AFSCA, Martín Sabatella, al diputado nacional por el Frente Para la Victoria Edgardo De Petri y al legislador porteño Juan Cabandié, del Frente para la Victoria. Los periodistas, según sostienen los abogados denunciantes en la presentación de ayer, fueron nombrados solo a efectos de que, eventualmente, puedan ser convocados en calidad de testigos, en caso de que la Justicia así lo considere. Hoy, el apoderado del Grupo Clarín aclarará que la empresa ni siquiera pedirá que se los cite como testigos.
El Grupo Clarín publica hoy una solicitada (ver página 33) , en la que afirma que “nunca criminalizó ni criminalizará periodistas” y recuerda que en 5 años de una “brutal campaña de hostigamiento” oficial, con periodistas “dedicados casi exclusivamente” a difamar al Grupo, “jamás hemos realizado una acción penal contra ninguno de ellos”.
En la denuncia de la semana pasada se solicitó a la Justicia que abra una investigación tendiente a acreditar si una serie de acciones públicas y declaraciones de funcionarios que llamaron a combatir a los medios del Grupo Clarín, sus periodistas y directivos, los acusaron de atentar contra la democracia y hasta de ser responsables de secuestros o levantamientos de fuerzas de seguridad, tenían detrás una autoría ideológica con entidad para constituir el delito de incitación a la violencia colectiva (art. 212 del Código Penal). El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) criticó la denuncia y anunció que asumiría la defensa de los periodistas.
El escrito aclaratorio firmado por Wortman Jofré y Pérez Chada consta de cuatro puntos que dejan en claro cuál es la posición del Grupo Clarín respecto del delito que debe investigarse y se remite a la presentación realizada la semana pasada.
Allí se aclaró que “tal como surge del contenido de dicha presentación, en ningún momento se formuló imputación penal alguna contra ningún periodista, ni ello estuvo nunca en el ánimo de nuestra representada”.
Fuente: Clarin
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