Sin debate, el oficialismo apuró el nuevo Código Procesal Penal. Sacó dictamen de tres comisiones, en menos de cuatro horas. Alak expuso, pero no respondió preguntas. Toda la oposición anticipó su rechazo. Se vota el jueves próximo.
Los tiempos legislativos en la Cámara de Diputados son cada vez más breves. En sólo cuatro horas, tres comisiones dieron dictamen al proyecto del nuevo Código Procesal Penal –ya tiene media sanción del Senado– y lo dejaron listo para que el próximo jueves el cuerpo lo convierta en ley.
Como todo hacía prever, el oficialismo hizo valer su mayoría y ni siquiera aceptó los reclamos reglamentarios que se realizaron desde la oposición. Incluso, el Frente para la Victoria rechazó las impugnaciones al plenario de comisiones que formularon los bloques no K debido a que la de Legislación Penal, no fue oficialmente citada porque su titular, la macrista Patricia Bullrich, se negó a convocarla. Esto fue debido a que desde la Presidencia de la Cámara Baja se le dio la cabecera del plenario a la comisión de Justicia, que comanda la oficialista Graciela Giannetassio, pese a que el reglamento establece la incumbencia de Legislación Penal para dictaminar sobre cambios al Código Penal y al de Procedimientos.
Es por esto que ayer, ni bien comenzó la reunión conjunta, Bullrich pidió la impugnación del encuentro. Lo mismo hicieron el radical Mario Negri y el massista Oscar “Cachi” Martínez. Pero sus reclamos cayeron en saco roto.
Luego de esta discusión reglamentaria, disertaron el ministro de Justicia, Julio Alak, y el secretario de Política Criminal, Juan Martín Mena (el secretario de Justicia, Julián Álvarez estaba en el Consejo de la Magistratura). Los funcionarios K defendieron sucintamente las bondades del proyecto del oficialismo y luego se marcharon sin responder las preguntas de la oposición, con la excusa de tener un encuentro pautado en el Senado. Esto dejó absortos a los opositores, que en vano intentaron dar un debate jurídico y político sobre el nuevo Código Procesal. Mientras lo hacían, los legisladores kirchneristas comenzaron a estampar sus firmas en el dictamen, que no toca ni una coma la media sanción de la Cámara Alta.
El exfiscal anticorrupción Manuel Garrido, diputado de la UCR, acusó a Alak de “no hacer su trabajo” y calificó al proyecto de ley en tratamiento como un “refrito” de otros códigos procesales de países latinoamericanos. Garrido dijo que el trabajo del Ministerio de Justicia implicaba no sólo mandar una nueva codificación sino también las leyes complementarias que son imprescindibles para ponerlo en vigencia, las cuales sólo están mencionadas en el proyecto como tareas que deberá encarar una comisión bicameral que se crea a tal efecto.
Según el exfiscal, el kirchnerismo incluso “empeoró” los proyectos previos que había en estudio en ambas cámaras para modificar el Código de Procedimientos. “Incluyó componentes autoritarios como el destierro de extranjeros o, en la regulación de la prisión preventiva, puso como agravante a tener en cuenta las detenciones previas”. Desde el Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, coincidió: “Este proyecto lo único que hace es criminalizar más a los sectores populares, al punto que se hace una asociación entre inmigrantes y delincuencia siguiendo el paradigma impresentable de (Sergio) Berni”, dijo.
El massista “Cachi” Martínez defendió la propuesta del Frente Renovador, que consiste en darle más herramientas de protección a las víctimas y en “terminar con la puerta giratoria” restringiendo las excarcelaciones. Además, puso en cuestionamiento el apuro K por sacar el Código: “Seguramente se debe a que no quieren debatir el proyecto alternativo de Sergio Massa”, dijo. La respuesta que recibió fueron algunas risas y voces que reclamaban que el candidato presidencial “aparezca por las comisiones”.
Desde el PRO, Pablo Tonelli sugirió la inclusión del juicio por ausencia “que permitiría juzgar a los acusados del atentado de la Amia”. Pablo Javkin (Coalición Cívica) reclamó que se introduzca en el texto los juicios por jurado, para cumplir con la manda de la Constitución de 1994.
“Lo único que les interesa es nombrar 1.700 cargos y decenas de fiscales antes de irse del poder”, les dijo Garrido a los kirchnerista, en referencia al polémico anexo II de la ley que prevé la creación de puestos en Fiscalías y Defensorías. “Implica aumentar un 22,3% el presupuesto del Ministerio Público”, graficó. “Este no es un debate de un Código sino una operación política para instalar fuerza propia en el Poder Judicial”, redondeó Claudio Lozano (Unidad Popular). Todas las fuerzas de la oposición presentaron dictámenes de minoría y anticiparon que votarán en contra el Código Procesal kirchnerista.
Otras propuestas
Planteo conjunto.La UCR, el PRO y bloques de la centro-izquierda, como el GEN y Unidad Popular, reclamaron que se debata al mismo tiempo que el inminente Código Procesal Penal otros proyectos como el del remozado Código Penal que quedó cajoneado a principios de año, la reforma de la Ley del Ministerio Público, una nueva ley de organización del Poder Judicial, un régimen penal juvenil y una ley de ejecución de las penas. “Sin todo esto, será imposible aplicar el nuevo Código de Procedimientos”, señalaron.
Fuente: La Voz
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