Las empresas serán responsables por los delitos que fueran realizados directa o indirectamente con su intervención o en su nombre, interés o beneficio. Ahora el proyecto volverá a Diputados, donde había conseguido la media sanción pero, a raíz de las modificaciones que realizó la Cámara alta, deberá votar su aprobación final
El Senado aprobó este miércoles por unanimidad el proyecto que crea un régimen para penalizar los delitos de corrupción que involucren a empresarios y miembros de la administración pública, respaldado por entidades multilaterales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y envió la iniciativa a la Cámara de Diputados.
El proyecto, que ingresó por la Cámara baja en julio, vuelve a ese cuerpo al haber introducido el Senado varias modificaciones, entre ellas la eliminación de la imprescriptibilidad de los delitos, que quedó fijada en seis años, y la acotación de las multas al daño producido.
No obstante, se mantuvo la negativa a sancionar con retroactividad los casos de corrupción, que el oficialismo pretendía incluir para abordar los casos derivados del escándalo de la empresa brasileña Odebrecht.
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