Advirtieron que irán a la justicia y pidieron a las fuerzas políticas que se expidan.
La Unión Industrial Argentina (UIA), la Sociedad Rural (SRA), las cámaras Argentina de Comercio y de la Construcción, la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA) y la Bolsa de Comercio rechazaron este martes por unanimidad la reforma de la Ley de Abastecimiento y advirtieron que de ser sancionada por el Congreso recurrirán a la Justicia.
Los empresarios también solicitaron a las fuerzas políticas que «manifiesten su posición», ya que consideraron que el proyecto «atenta contra la división de poderes», debido a la delegación de funciones que se derivan hacia la secretaría de Comercio.
Las entidades -aglutinadas en el Grupo de los Seis (G-6), que se reunieron en la sede de la UIA- consideraron que la futura ley será «inconstitucional» y que el proyecto viola la propiedad privada, además de conspirar contra la generación de empleo.
De la reunión participaron el presidente de la UIA, Héctor Méndez y el secretario de esa entidad, José Ignacio de Mendiguren, junto los titulares de la SRA, Luis María Etchevehere; de la Cámara Argentina de Comercio, Carlos de la Vega; de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss; de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi y de ADEBA, Jorge Brito.
Al término del encuentro, el nucleamiento dio a conocer un comunicado donde se hizo eco de la «relevancia» de mejorar la normativa de defensa del consumidor, aunque expusieron sus reparos sobre la Regulación de la Producción y el Comercio (modificatoria de la Ley de Abastecimiento) que «tiene como objetivo incrementar sustantivamente la intervención del Estado en toda la actividad privada».
En el manifiesto, los titulares de las cámaras empresarias remarcaron la importancia de que «los diferentes espacios políticos con representación en el Congreso Nacional manifiesten su posición frente a un proyecto que, claramente, afecta la división de poderes de la República al otorgar facultades extraordinarias a órganos delegados».
También dijeron que «en un momento donde se debe generar confianza y certidumbre para promover la inversión, la generación de empleo de calidad y el crecimiento económico, iniciativas como ésta, además de su inconstitucionalidad, van claramente en sentido contrario a estos objetivos que el propio Gobierno Nacional manifiesta promover».
En cuanto a la experiencia internacional puntualizaron que el mundo «demuestra fehacientemente que las economías funcionan y se desarrollan satisfactoriamente en los países en los que el Estado no interviene en forma arbitraria».
En ese sentido recordaron, sin nombrar el caso de Venezuela, que «en aquellos pocos donde prevaleció el intervencionismo discrecional se profundizó el desabastecimiento, el racionamiento de bienes y servicios y el desdoblamiento del mercado de cambios, creciendo exponencialmente el mercado informal».
Para los empresarios, regímenes de este tipo terminaron «fomentando la competencia desleal, la caída de la inversión, el deterioro del mercado de trabajo y el aumento de precios y costos».
A la salida de la reunión, Etchevehere fue quien sostuvo que el G-6 decidió «rechazar por unanimidad el proyecto que se envió al Congreso», mientras que el diputado del Frente Renovador, José Ignacio de Mendiguren señaló que «nuestra obsesión» es «revertir este proceso de caída de actividad y del nivel de empleo».
Por su lado, Gabbi, quien mañana tiene previsto recibir a la presidenta Cristina Fernández en el aniversario de la Bolsa Comercio, adelantó que en su discurso va a «resaltar la importancia de la empresa en el país y lo que ha significado el cepo cambiario para la actividad» bursátil.
Además, consideró que «tenemos que volver a recuperar la confianza para volver a recuperar los superávits gemelos», es decir comercial y fiscal.
En tanto, Brito coincidió en que el proyecto enviado por el Poder Ejectivo al Parlamento «afecta básicamente a al trabajador, porque va a generar menor fuentes de empleo».
Fuente: DyN
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