La noticia apareció en el diario El Cronista y fue publicada el lunes por el boletín oficial. A partir de ahora, las empresas emisoras de tarjetas de crédito deberán pedir una declaración jurada a sus clientes que consuman más de $ 5.000 mensuales. En Mendoza, tanto los representantes de las tarjetas nacionales como de las tarjetas locales todavía están evaluando el impacto de la medida y el modo de implementarla.
La resolución 27/2011, por el momento, sólo afectaría a los nuevos clientes de tarjetas y no a los clientes del sistema financiero que poseen un paquete de productos en una entidad bancaria.
Además, la norma prevé que las empresas emisoras de tarjetas y de cheques de viajero tengan que informar sobre cualquier operación de sus clientes que pueda ser considerada «inusual» (que se realizan de manera aislada) o «sospechosa» (como alta concentración de compras de un usuario en un mismo establecimiento por montos significativos).
La reglamentación es una medida más en contra del encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo.
Desde Tarjeta Nevada, explicaron que todavía están analizando el texto por lo que -después- realizarán un comunicado oficial. En tanto, desde Provencred aseguraron que -en principio- la medida no los afectaba debido a que sus límites de compra llegan a los $ 5.000. En la sucursal de Mendoza de Nativa no pudieron dar precisiones por lo novedoso de la medida, mientras que este diario no logró contactarse con representantes de otras firmas nacionales.
Así, las emisoras de cheques de viajero y operadoras de tarjetas de crédito deberán registrar las operaciones de sus clientes, tanto usuarios titulares como portadores de extensiones, y a los proveedores de bienes o servicios y comercios adheridos.
Además, las compañías están obligadas a informar si el cliente es una Persona Expuesta Políticamente (PEP). Así denomina la Unidad de Información Financiera (UIF) a aquellos sujetos con cierta relevancia pública, desde el presidente de la Nación hasta los concejales de los municipios de todo el país.
Pero la medida va más allá. Las compañías deberán requerir una declaración jurada a sus clientes cuando estos soliciten una emisión de cheques de viajero superior a $ 5.000 o tengan tarjetas con un límite de compra que se ubique por encima de esa cifra. Cuando esos topes superen los $ 20.000, las declaraciones juradas deberán ir acompañadas de «documentación respaldatoria que sustente el origen declarado de los fondos».
El presidente de la UIF, José Sabattella, aseguró ayer que las nuevas medidas apuntan a maximizar los controles por parte de las compañías emisoras de tarjetas de crédito y «en modo alguno» suponen una persecución a los usuarios.
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