Ley de Abastecimiento: Senado empieza a tratar los cambios. El proyecto oficial genera críticas de todo el empresariado. La Secretaría de Comercio podrá establecer márgenes, precios máximos y mínimos, obligar a producir o vender y decomisar mercadería.
La iniciativa del Gobierno nacional de reflotar la Ley de Abastecimiento (de 1974), hoy vigente, que ha sido objeto de fuertes críticas por parte de distintos sectores empresarios, hoy comienza a ser tratada en el Congreso. Un plenario de comisiones de la Cámara de Senadores se reunirá hoy, a las 17, para escuchar las exposiciones de funcionarios del Poder Ejecutivo y a asociaciones de usuarios y consumidores.
La iniciativa de Nueva Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo cosechó ayer críticas de cámaras empresarias de Córdoba. El titular de Fiat, Cristiano Rattazzi, consideró que la ley es “retrógrada e inconstitucional”. “Copiar a Venezuela no le hace bien al país”, agregó. Hoy, las cámaras empresarias de la Nación se reunirán en la UIA.
Desde la oposición, Hermes Binner, Julio Cobos y Felipe Solá también sumaron críticas. En cambio, el gobernador Daniel Scioli negó que el proyecto esté dirigido a “entorpecer” la actividad económica y consideró que el tema “está abierto a debate” en el Congreso.
Nuevas y viejas facultades
La iniciativa –que forma parte del paquete de proyectos “proconsumidor”– introduce modificaciones a la vigente ley 20.680. Se ampliará su aplicación a la producción, construcción, procesamiento y comercialización que satisfagan necesidades básicas de la población.
Atribuciones. El proyecto permite que la autoridad de aplicación, la Secretaría de Comercio (a cargo de Augusto Costa), establezca márgenes de utilidad, precios de referencia mínimos y máximos, en cualquier etapa del proceso económico.
También podrá exigir la continuidad en la producción, industrialización, comercialización, transporte distribución o prestación de servicios; o la fabricación de determinados productos dentro de niveles o cuotas mínimas.
Se elimina la opción de intervenir a las empresas.
Información. La Secretaría estará habilitada para requerir toda la documentación del giro comercial de la empresa y obligar a publicar los precios de venta y su disponibilidad. También le está permitido el secuestro de estos documentos.
Sanciones. El proyecto elimina las penas de arresto y prisión para los empresarios pero mantiene las multas (hasta 10 millones de pesos), clausura y decomiso de mercadería. La decisión está en manos de la autoridad administrativa, lo cual ya había sido cuestionado en la Justicia por su inconstitucionalidad. Además, se agrega la pérdida de concesiones, privilegios y regímenes especiales.
Infractores. Las sanciones se pueden aplicar, entre otras causas, cuando las empresas:
- Suban “artificial o injustificadamente los precios”, que “no respondan proporcionalmente al aumento de costos” o tengan “ganancias abusivas”.
- “Acaparen” productos o materias primas o formen existencias “superiores a las necesarias” para los planes de producción o demanda.
- Intermedien en forma innecesaria o creen artificialmente etapas de distribución y comercialización.
- No tengan para su venta o discontinúen la producción de bienes o servicios con precios o márgenes fijados.
Mercaderías. El Estado podrá vender aquellas que hayan sido decomisadas sin depósito previo ni juicio de expropiación.
Impugnación. Los empresarios podrán impugnar las sanciones por vía de recurso directo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal o ante las cámaras federales.
Para ello, deberán depositar primero el monto de la multa impuesta.
En el Congreso
Paquete “proconsumidor”. Hoy comenzarán a tratarse los tres proyectos que envió el Ejecutivo al Congreso: nueva regulación de las relaciones de producción y consumo (cambios a la actual Ley de Abastecimiento); creación del Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios; y el sistema de resolución de conflicto en las relaciones de consumo.
Ley Antiterrorista. La oposición intentará hoy sacar dictamen para derogar la Ley Antiterrorista, según anticipó la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Patricia Bullrich, que la presidenta Cristina Fernández defendió la semana pasada.
Puntos de vista
Rubén Martos: Federación comercial de Córdoba (Fedecom). “Los antecedentes de la aplicación muestran un fracaso tras otro. Cuando un comercio no vende, no es porque gana mucho sino porque los costos no le dan. Va a generar más cierres”.
Horacio Parga: Bolsa de Comercio de Córdoba. “El proyecto agrega algo nocivo al difícil clima económico. Cuando necesitamos a gritos inversiones, esto va en contra. Además de ir contra las leyes del Estado, es impracticable”.
Fuente: La Voz
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