Buscan controlar que se respeten las velocidades de conexión a Internet, eliminar el concepto telefónico de larga distancia e incentivar la competencia entre las empresas mediante infraestructura compartida.
El Ejecutivo Nacional anunció este miércoles el envío al Congreso delproyecto de ley «Argentina Digital», cuyo objeto será «declarar de interés público el desarrollo y la regulación de las tecnologías de información y las comunicaciones».
«Se garantiza el desarrollo de las redes que permitan a la gente acceder al mayor universo de información y comunicación disponible», subrayó el ministro de Planificación, Julio De Vido, en el Palacio de Hacienda, acompañado por su par de Economía, Axel Kicillof, el secretario de Comunicaciones, Norberto Berner y el jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich.
Según informa Télam, el ministro explicó que esta norma «es de orden público y excluye de su objeto cualquier tipo de regulación de sus contenidos», como también, según expresó Kicillof, procura garantizar el «derecho humano a las comunicaciones».
El proyecto busca abrir el espectro de oferta en telecomunicaciones y despliega el tablero para posibilitar la existencia de nuevos prestadores de televisión, telefonía e Internet. También eliminará el concepto de larga distancia en las llamadas telefónicas.
«Vamos a tener redes que le faciliten a la gente acceder al mayor universo de información posible dentro de lo que técnicamente los argentinos estamos en condiciones de ofrecer. La fibra óptica, el satélite Arsat-1 y la finalidad es la posibilidad del acceso de todos los habitantes a los servicios de información y comunicación en condiciones equitativas»,explicó De Vido.
Si bien el espíritu de la ley no busca regular los contenidos que se ofrecen por Internet, sí hace hincapié en que los prestadores de los servicios tampoco lo hagan, tal como explicó Berner: «Si yo quiero entrar a un buscador o una página, debo entrar a la misma velocidad, con las mismas características y claridad que cuando accedo a la página B, C o D». En ese sentido, además, establece que cada dos años deberá controlarse que se respete la velocidad de conexión del servicio contratado por el usuario.
El punto fuerte, según los ministros, es «declarar el carácter de servicio público, esencial y estratégico de tecnologías de la información y comunicaciones al uso y acceso de las redes de telecomunicaciones», lo que permitirá «desmonopolizar el sector de telecomunicaciones».
El proyecto también establece que todas las empresas, grandes y pequeñas, deberán compartir sus infraestructura de redes, por lo que cualquier compañía podrá utilizar el cableado y equipos de otra a precios regulados por el Estado.
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