El Gobierno espera resolver este miércoles el pedido de la CGT a los empresarios para el pago de un bono de fin de año en el sector privado para avanzar hacia su próximo objetivo: la sanción de las leyes de ART y de Primer Empleo que tiene en carpeta el oficialismo y que demandan del apoyo del sindicalismo.
Así lo confirmaron en el gabinete económico y en la propia central obrera, que dará su aval a ambas iniciativas sólo en caso de modificaciones integrales según sus parámetros aceptables…. El orden de los factores será clave el miércoles: mientras el Ejecutivo pedirá a los gremios una señal favorable a ambas iniciativas parlamentarias como precondición para habilitar el debate por los bonos, la CGT exigirá definir primero la compensación de fin de año y con un piso de $2.000 con la posibilidad de elevarla en actividades con mayor margen de rentabilidad, como había adelantado este diario. Esa posibilidad choca con la postura oficial, evitar un piso garantizado para el bono y que cada actividad deba negociarlo por su cuenta.
«Si el Gobierno no quiere un bono universal, que abra las paritarias de nuevo», desafió ayer Héctor Daer, miembro del triunvirato de líderes de la CGT. El dirigente explicó en radio Del Plata que ese pago será «una salida para este momento crítico» y que completará así los anuncios de la semana pasada del Ejecutivo sobre pagos extra para jubilados y beneficiarios de planes sociales. En la misma emisora, el secretario de la Unión Industrial (UIA), Juan Carlos Sacco, enfrió más la discusión al afirmar que la entidad fabril no está en condiciones «de sugerir y menos de obligar» a sus asociados sobre el pago de un bono de fin de año. Más allá del tironeo, los tres sectores dan por hecho que habrá algún grado de acuerdo respecto del pago del adicional. Incluso en el sector público, donde sin un compromiso escrito Andrés Rodríguez, jefe del gremio de estatales UPCN, les informó la semana pasada a sus pares de la CGT que existía una garantía de palabra del Gobierno de promover un pago extraordinario.
Zanjado ese debate el Gobierno y la CGT se enfrascarán en la reformulación de la ley de Primer Empleo, que permanece adormecida en la comisión de Legislación laboral de la Cámara de Diputados a partir de la hegemonía de diputados de origen sindical o que reportan a algún bloque peronista. La central obrera espera, a cambio de un guiño para destrabarla, la modificación de algunos de sus ejes, como la facilidad implícita para reemplazar trabajadores con antigüedad por otros nuevos, con salarios menores. El otro ítem parlamentario a acordar es la ley de riesgos del trabajo, donde la central puso hasta ahora menos reparos.
Ag. de Noticias: ámbito.com
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