La procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, reconoció que en el actual sistema judicial argentino hay «impunidad» y «un gran déficit en la lucha contra la corrupción».Pero no se refería al caso Ciccone. Tampoco al caso Lázaro Báez ni a las diversas causas que enfrentan sus fiscales afines.
En su opinión, el «gran problema» de la Justicia nacional no son las presiones del Poder Ejecutivo, sino la «necesidad de independencia de los poderes económicos, de los vínculos aceitados que hay detrás de la Justicia».
«Hay impunidad, un gran déficit en la lucha contra la corrupción y la criminalidad económica, que son dos caras de una misma moneda», dijo la Procuradora General de la Nación, en diálogo con los diarios Perfil y Página 12.
Incluso reconoció: «El sistema judicial que tenemos es funcional a la cooptación, a la oscuridad y a la corrupción».
Luego, Gils Carbó, señalada como representante de los intereses del kirchnerismo en la Justicia, señaló que esas acusaciones no son verdaderas: «A mí nunca me vinieron a patear la puerta funcionarios del Ejecutivo. Sí vinieron de grandes estudios y de grandes compañías. El sistema judicial que tenemos es funcional a la cooptación, a la oscuridad y a la corrupción. El que quiere impunidad quiere ese modelo».
«Yo no puedo ser cooptada. Y mi gente tampoco. Acá hay muchos abrepuertas y vínculos aceitados. En la dictadura o en los 90 nadie hablaba de independencia judicial. Esto empieza cuando el Gobierno comienza a intervenir en la economía», insistió.
Gils Carbó fue consultada por los casos de fiscales cercanos a su gestión que son investigados por la Justicia. Por ejemplo, el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, procesado por no haber imputado al empresario Lázaro Báez en el caso que investiga la llamada «ruta del dinero K».
«A Gonella se lo acusa y el que firma al lado ni siquiera fue citado como testigo. Esto es algo absolutamente irregular. Esto no tiene que ver con el derecho. Hay una arbitrariedad manifiesta», argumentó.
Por otro lado, sobre la sucesión del juez Eugenio Raúl Zaffaroni coincidió en que la vacante que deje el magistrado debería ser llenada en menos de treinta días.
«Apenas se produzca una vacante debería cumplirse con la Constitución y con las disposiciones sobre transparencia e impugnaciones que establece el decreto 222».
Incluso también coincidió con algunos dirigentes del oficialismo y el propio Zaffaroni, al señalar que la composición de la Corte debería ser modificado porque la composición actual de cinco jueces «es una de las cifras más exiguas» del mundo.
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