Hugo Moyano, el sindicalista más poderoso del país, y su entorno familiar son investigados en Suiza por operaciones sospechosas de lavado de dinero. En respuesta, el gremio de Camioneros anunció una huelga nacional de 24 horas para el lunes.
La medida compromete al gobierno de Cristina Kirchner y anoche trabajaban con De Vido a la cabeza para tratar de cambiar la decisión de un indignado Hugo Moyano, que paralizará las ciudades con el freno a servicios claves.
Cristina Kirchner heredó de su esposo y ex presidente una firme alianza con la corporación sindical peronista liderada por Moyano. El problema es que la presidenta, en un año electoral para intentar mantenerse en el poder, busca recuperar el voto de la clase media, sector que repudia los métodos violentos y la corrupción que salpica a varios caciques gremiales, especialmente al jefe de la CGT.
La dirigencia de Camioneros no descartó anoche que detrás del pedido de informes de la justicia suiza estuviese una decisión del gobierno, aunque se aclaró que la relación con el oficialismo «es buena», y se advirtió que las protesta podrían incluir marchas hacia medios de comunicación que publicasen denuncias de ese tenor. Moyano ya ha encabeza varios escraches contra el multimedios Clarín, grupo enfrentado con el gobierno de Cristina Kirchner.
La huelga de Camioneros afectará a todas las actividades que comprenden la rama del transporte (combustibles, caudales, larga distancia, recolección de residuos) y contempla una movilización en Plaza de Mayo, donde se encuentra la Casa de Gobierno.
Hugo Moyano está actualmente involucrado en varias causas judiciales, entre ellas la que investiga la llamada «mafia de los medicamentos», que tiene en la mira varias obras sociales sindicales por la comercialización de medicamentos presuntamente adulterados.
En la causa está detenido el secretario general del gremio bancario, Juan José Zanola, y están procesados dueños de droguerías.
Hugo Pistone, secretario de Prensa del Sindicato de Camioneros de Buenos Aires, denunció una «operación política» contra Moyano y no descartó que «algún sector del gobierno» nacional esté detrás de la causa judicial.
«No descartamos nada, pero no creemos porque la relación, por ahora, es buena», agregó Pistone, quien se encargó de aclarar que la protesta se realizará pese a cualquier intervención oficial: «Esta medida no tiene regresión».
«Vamos a tomar otras medidas: Vamos a ir a parar en las puertas de los medios la cantidad de trabajadores que sean necesarios para decirles que queremos pruebas de lo que sacaron en sus páginas», añadió Pistone.
El juez designado para responder al pedido suizo es Oyarbide, quien lleva adelante una causa por irregularidades en el manejo de fondos de las obras sociales y adulteración de medicamentos, en la que están detenidos sindicalistas, ex funcionarios y dueños de laboratorio.
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