La Corte apuesta a una resolución rápida de la reforma del Consejo. Un funcionario del máximo tribunal explicó que «el escenario ideal» es contar con una definición antes del 22 de junio, fecha límite para la presentación de candidatos; buscan evitar una «crisis electoral»
Llegará al tribunal alguno de los planteos de inconstitucionalidad contra la reforma del Consejo de la Magistratura y anuncian que lo van a resolver tan «rápido» como les sea posible.
La ley fue promulgada anteayer y ya recibió más de 20 cuestionamientos de jueces, abogados y partidos políticos, que hicieron presentaciones judiciales para impedir su aplicación en los fueros contencioso administrativo y electoral. Tan pronto se haya dictado el primer fallo, por vía de per saltum , el tema podría llegar a la Corte.
«El escenario ideal es que la cuestión esté resuelta antes del 22 de junio -dijo ayer un funcionario del tribunal-. Dependerá de las partes.»
Ese día vencerá el plazo para presentar candidatos para las primarias. «De lo contrario, de ser adverso el fallo, generaría una crisis en el sistema electoral», afirmó el funcionario. La Corte podría, no obstante, pronunciarse en contra de la validez de la reforma, incluso con los procesos electorales ya avanzados y hasta con el Consejo nuevo en funcionamiento. Pero los ministros, conscientes de que la definición estará en sus manos, dicen querer resolver el tema cuanto antes.
Lo urgente no es toda la reforma, dicen, sino lo electoral: cómo se elegirá a los miembros del nuevo Consejo. El resto podrían resolverlo más adelante.
La nueva ley prevé que los representantes de los jueces, los abogados y los académicos ya no sean elegidos por sus pares sino por el voto popular en elecciones generales. A juicio de las principales agrupaciones de jueces y abogados, esto es inconstitucional porque son los «representados» los únicos que pueden elegir a sus «representantes».
También se cuestionó la integración prevista para el nuevo Consejo y las mayorías -menos exigentes- que serán suficientes para seleccionar candidatos a jueces y someter a los magistrados a juicio político.
La Corte ya recibió un planteo contra la reforma. Se trata de una presentación que ingresó ayer en el máximo tribunal firmada por el abogado Ricardo Monner Sans. En la Corte adelantaron que no la tratarán. Monner Sans hizo su planteo dentro de un expediente que se inició hace más de cinco años y cuestionaba la reforma anterior del Consejo.
Pese a lo viejo que es ese caso, la Corte todavía no lo resolvió, pero fuentes del tribunal informaron ayer que aquel planteo será rechazado con el argumento de que no fue debidamente fundado.
Con esta nueva reforma, los ministros aseguran que no pasará lo mismo. Dicen que al haber un plazo electoral, las decisiones tendrán que ser necesariamente rápidas.
Ayer se reunieron los ministros y éste fue uno de los temas de conversación. Estaban todos menos Raúl Zaffaroni, que está de licencia y vuelve el martes próximo. Entonces, el tribunal quedará completo.
Los jueces y camaristas críticos de la reforma confían en que la Corte fallará en su favor y declarará la inconstitucionalidad de la nueva ley. Fuentes del Gobierno consultadas por LA NACION prefirieron no arriesgar un resultado, pero no descartan la posibilidad de un fallo adverso.
La Corte piensa resolver el tema en una de las causas promovidas en el fuero electoral, donde la jueza María Servini de Cubría recibió cinco amparos y cinco acciones declarativas de inconstitucionalidad contra la reforma.
En cuanto a los amparos -de trámite más abreviado-, ayer le mandó copia de las cinco presentaciones al fiscal electoral, Jorge Di Lello, y le pidió que opinara en 24 horas. Ese plazo vencerá mañana a la tarde. Ella también mostró intenciones de resolver con rapidez; no sólo porque el plazo de 24 horas es inusualmente corto, sino además porque le advirtió al fiscal que las causas se iban a seguir instruyendo aunque él no cumpliera con presentar sus dictámenes en ese tiempo.
LOS EJES DE LA POLÉMICA
Lorenzetti y el resto de la Corte deberán pronunciarse sobre estos planteos
Voto popular
La Constitución dice que integrarán el Consejo «representantes» de los jueces, los abogados y los académicos. La reforma prevé que ya no los elijan sus representados, sino toda la ciudadanía por voto popular
Listas partidarias
Prevé además que los candidatos a consejeros por los jueces, abogados y académicos sólo podrán postularse dentro de las listas de los partidos políticos
Mayorías
La nueva ley permite que el Consejo seleccione jueces y les abra juicio político con una mayoría menos exigente que la que rige hoy. Así, el partido que saque más votos contará con la mayoría requerida para suspender jueces
Los planteos
Las presentaciones por inconstitucionalidad que realizaron jueces, abogados y partidos políticos de oposición apuntan en primer lugar a cuestionar la elección por el voto popular, por considerar que viola el artículo 114 de la Constitución. En segundo lugar, se oponen a la nueva composición de 19 miembros porque no respeta el equilibrio de los estamentos. Además rechazan las mayorías requeridas para nombrar y destituir jueces
EL CAMINO DE LA REFORMA
Después del tratamiento parlamentario, y de su reglamentación por parte del Ejecutivo, el proyecto del kirchnerismo quedó judicializado
Miércoles 8 de mayo / Se sanciona la ley
El Congreso aprueba la ley de reforma del Consejo de la Magistratura, que había enviado el Gobierno como parte del paquete para «democratizar» la Justicia
Lunes 27 de mayo / La promulgación
Cristina Kirchner firmó el decreto que promulgó la ley y ésta fue publicada en el Boletín Oficial. Lo hizo el último día que tenía antes de que la norma fuera promulgada de hecho
Lunes 27 de mayo / Primeros amparos
En pocas horas, llegaron a los tribunales más de 20 acciones contra la reforma. Jueces, abogados y partidos opositores pidieron que la ley no se aplique
Martes 28 de mayo / Los trámites
Con toda celeridad, avanza el trámite en la justicia electoral. La jueza Servini de Cubría le pidió al fiscal Di Lello que dictaminara en 24 horas. También la Corte pidió rapidez
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Del editor: cómo sigue.
La Corte envió una señal inequívoca de que quiere pronunciarse sobre el tema. En el Gobierno suponen que ésa no es una buena noticia.
Fuente: La Nación
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