Es muy difícil llevar la cuenta de los hechos de inseguridad que hoy jalonan el mapa del área metropolitana de Buenos Aires y su conurbano.
La semana pasada, el epicentro fue el partido de San Martín, donde tuvieron lugar los incidentes protagonizados por el médico que ultimó a balazos al delincuente que intentó robarle el auto en la puerta de su consultorio.
Antes de que el debate sobre si se trató de una legítima defensa o de un simple homicidio se agote, el centro de la atención mediático-política se trasladó a otro partido del conglomerado periurbano bonaerense: Lanús. De allí provienen los últimos gritos desesperados de auxilio de una sociedad que ya no sabe cómo frenar la violencia con la que los delincuentes -de manera organizada o anárquica- han invadido las calles de las barriadas, sin distingo de condición social o económica, dispuestos a matar o morir por una billetera o un vehículo.
Ayer por la tarde fue presentada la iniciativa #Paraquenotepase organizada por familiares de víctimas de la inseguridad, femicidios y tragedias como las de Cromañón y Once. Todos perdieron a alguien. Un hijo, un hermano, un marido, una esposa. Vidas que fueron arrebatadas en diferentes hechos, con un hilo conductor: pudieron evitarse. Para alertar sobre esta situación, los convocantes lanzaron la campaña nacional contra la «inseguridad, la injusticia y la impunidad» que confluirá en una marcha al Congreso de la Nación prevista para el próximo 11 de octubre.
Organizar una movida masiva en redes sociales y marchar es la reacción desesperada de una sociedad que percibe la ausencia del Estado en el trascendental rol de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Lamentablemente, un área tan sensible requiere una visión estratégica integral con eje en la prevención del delito y la violencia. De poco sirven las miradas obnubiladas y preocupadas de ciertos sectores de la dirigencia política que parecen más interesados en mostrar angustia y desolación, que en ocuparse de las soluciones.
Todos los especialistas serios sostienen que la Argentina carece de una política criminal genuina para enfrentar a una delincuencia que aumenta gradualmente, que muestra múltiples rostros, la mayoría violentos, y que trae aparejado el quebrantamiento físico, psíquico, patrimonial y social de quienes resultan ser sus víctimas.
Tampoco existe coordinación de las áreas del gabinete que deberían involucrarse en la resolución del problema como educación, salud, desarrollo social, justicia, trabajo y hasta economía. Ni hablar de la imprescindible interrelación entre Nación, provincias y municipios, que hasta carecen de bases de datos comunes con información criminal.
Resignificando una metáfora muy usada en el vocabulario político argentino de los últimos años, el criminólogo Claudio Stampalija afirma que en la temática de la seguridad, «más que una grieta hay un muro, un muro coloreado, con mecanismos que cuando uno los raspa en su gran mayoría son sellos de goma. Y en el piso una alfombra gigante limpia por fuera, sucia por debajo. Como para que no se note o no se sepa. Y sobran los títulos sin contenido. Las frases grandilocuentes.
Los ceños fruncidos dando muestras de preocupación. Se escucha pontificar desde las tribunas». Queda claro que las expresiones que escuchamos reiteradamente («tolerancia cero a la delincuencia», «combate frontal al delito organizado», «justicia por mano propia») no tienen otro fin que garantizar el fracaso continuado en el área de seguridad. Hay que sincerarse y poner en marcha una política preventiva, con alto grado de profesionalización y sensibilidad, antes que nos sigan matando como moscas.
Ag. de noticias: ámbito.com
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