Temen confiscación de granos en el agro, Buzzi, de la FAA, denunció que el objetivo del Gobierno es hacerse de las reservas de soja para contrarrestar los errores en la política económica.
La Sociedad Rural adelantó que “como última instancia” irá a la Justicia contra la norma que aprobaría el Congreso. El presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi, denunció que con la aprobación de la nueva Ley de Abastecimiento, el objetivo del Gobierno nacional es confiscar las reservas de soja de los productores para contrarrestar errores de “dos célebres fracasados”: el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno.
“Hoy los productores disponemos por reservas la mitad de la cosecha de soja. No por especulación voraz, sino porque la economía es un desastre, porque no hay confianza; no se puede invertir, no se sabe qué va a pasar con el dólar, no se sabe qué pasa con la inflación. Entonces, el productor reservó su cosecha de soja en defensa propia y no en una actitud ‘devaluacionista’ o ‘devaluativa’”, afirmó Buzzi.
El integrante de la Mesa de Enlace agropecuaria advirtió que el Poder Ejecutivo, mediante la aplicación de la Ley de Abastecimiento, busca confiscar esas reservas (de unos 24 millones de toneladas o 55 mil millones de pesos, según cálculos privados) y remarcó que esa medida “es el sueño dorado de un cavernícola como este (en referencia a Moreno) que ha tomado al campo como enemigo”.
“Mala praxis”
“Cuando la mala praxis económica del conjunto de errores que han cometido capitaneados por dos célebres fracasados, Kicillof y Guillermo Moreno, los llevan a tener los agujeros en la economía que están teniendo; bueno, llegar a 2015 a como de lugar, como sea”, opinó Buzzi.
En declaraciones a radio Mitre , el titular de la Federación Agraria aseguró que la Ley de Abastecimiento es una “medida confiscatoria” al igual que lo fue, recordó, la derogada resolución 125 que establecía retenciones móviles a las exportaciones de granos, y que desataron en 2008 el conflicto del Gobierno con el agro. “Con este instrumento (Ley de Abastecimiento) tranquilamente pueden ir por la confiscación”, insistió, y que por ello existe “estado de alarma” en las entidades rurales.
Las declaraciones de Buzzi se producen ante la exigencia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) de la ubicación georreferenciada por parte de los productores de los silos bolsa que contengan granos en el campo.
Dictamen
El proyecto de Ley de Abastecimiento, aprobado en el Senado, será tratado en plenario de comisiones de Diputados dentro de dos semanas, en una reunión en la que el bloque oficialista espera conseguir dictamen favorable para su inmediata sanción en el recinto.
La demora en el tratamiento de la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo obedece a que en el Gobierno se dará prioridad al tratamiento del proyecto de modificación de domicilio de pago de la deuda externa, cuya aprobación podría alcanzarse el próximo miércoles.
El kirchnerismo obtuvo la aprobación del proyecto en el Senado por 38 votos a favor y 27 en contra y, de acuerdo con evaluaciones del bloque del Frente para la Victoria, tendría el apoyo necesario, con diputados aliados, para conseguir la sanción de la ley.
La iniciativa contempla modificaciones a la ley de Abastecimiento sancionada en 1974 y recibió severos cuestionamientos de las principales entidades empresarias del país.
A la Justicia
Entre estas, las nucleadas en el Grupo de los Seis (Unión Industrial Argentina, Cámara Argentina de Comercio, Cámara Argentina de la Construcción, Asociación de Bancos Argentinos, Sociedad Rural Argentina y Bolsa de Comercio de Buenos Aires), anticiparon que en caso de ser aprobada, recurrirán a la Justicia por entender que la ley sería inconstitucional.
En esa línea, el presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere, rechazó el proyecto y adelantó que “como última instancia” la entidad recurrirá a la Justicia para que sea declarada inconstitucional.
En declaraciones a radio América , Etchevehere dijo que la iniciativa del Gobierno “viola” principios constitucionales como “el derecho a la propiedad, de asociarse para ejercer una industria lícita”, y agregó que “el secretario de Comercio tendría facultades judiciales y eso nos parece grave”.
Etchevehere dijo no compartir las expresiones del titular de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez, respecto de que “la mayoría absoluta” del kirchnerismo en el Congreso le recuerda a “la dictadura y la famosa obediencia debida”, por cuanto esas votaciones ahora se hacen en democracia.
Reparto con las provincias
Fondo sojero. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) los fondos transferidos entre enero y agosto a las provincias en concepto de Fondo Federal Solidario –conformado por el 30 por ciento de las retenciones sobre el complejo soja– ascendieron a 10.809 millones de pesos. Al mes de julio ya se habían acumulado envíos por 9.714 millones, que superaban el total anual enviado en 2013, que fue de 9.644 millones de pesos.
Ranking. Buenos Aires es la jurisdicción que más ingresos por este concepto recibió, alcanzando los 2.293 millones de pesos, seguido por Santa Fe (933 millones) y Córdoba (927 millones). El reparto del FFS se efectúa según los coeficientes de coparticipación. Si se traduce el cálculo por habitante, Tierra del Fuego figura en primer lugar, con 864 pesos per cápita.
Fuente: La Voz
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