Una señal de credibilidad, el nuevo índice de precios es una señal de credibilidad en un Gobierno habituado a manipular los datos. Esa promisoria actitud debe mantenerse e incluir otros indicadores.
El Gobierno nacional difundió el primer dato del nuevo índice de precios al consumidor nacional urbano (IPCNu), que mostró una inflación de 3,7 por ciento en enero último respecto de diciembre de 2013.
Sin dudas que el flamante indicador constituye un baño de realidad para un Gobierno cuyas cifras oficiales han sufrido un largo descrédito, en especial las referidas a precios, nivel de actividad económica y pobreza e indigencia.
Estos datos fueron distorsionados a partir de 2007, cuando se comenzó a manipular el anterior IPC para evitar un pago más elevado en los títulos de la deuda vinculados con la actualización por inflación, y para proyectar sobre la sociedad un bienestar que no era tal.
La tolerancia interna y externa a estas deformaciones llevó a los organismos financieros internacionales y al Grupo de los 20 países más desarrollados (G-20) a poner bajo observación a la administración kirchnerista. Los manejos en torno de los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) no sólo resultaron una pesada carga en las esferas internacionales, sino que sumieron al organismo y a sus técnicos en el descreimiento generalizado.
Ahora, la insostenible mentira de difundir una inflación menor a dos dígitos –cuando los precios duplicaban y hasta llegaron a triplicar la medición oficial– y la presión externa obligaron al Gobierno a difundir un nuevo índice.
Con ello se pretende ganar credibilidad y acceder a las líneas de financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI), que asesoró en la elaboración del IPCNu, y del Banco Mundial, además de facilitar un acuerdo con el Club de París. Este convenio permitiría, a su vez, que los organismos de países ligados a esa organización financien programas de desarrollo.
En suma, el flamante indicador es una buena señal, por lo que cabe esperar que en los próximos meses comience el sinceramiento de las otras variables vinculadas con la suba de los precios, como son el nivel de actividad y el producto interno bruto (PIB), y la pobreza e indigencia real que existen en el país.
Cuando tales indicadores se deflactaban por la inflación ficticia del Indec, terminaban reflejando un crecimiento económico más alto que el real y mostraban que el país prácticamente había eliminado la indigencia. Como la inflación difundida no era la verdadera, cualquier argentino –con un mínimo ingreso– podía, en teoría, asumir el costo de la canasta básica de alimentos y no ser incluido entre los indigentes.
El baño de realidad que decidió asumir ahora el Gobierno tendrá, sin dudas, un beneficio en cuanto a conocer la real situación económica de la Argentina, más allá de que en lo inmediato se agudicen los reclamos para recuperar el poder de compra de los asalariados y de los jubilados nacionales.
Fuente: La Voz
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