Presentarán dos proyectos para crear comisiones que indaguen sobre los supuestos casos de corrupción del ex secretario de Transporte. Lo anunció el titular del partido, Ernesto Sanz, junto a los jefes de los bloques legislativos.
La UCR quiere meterse de llena, en la investigación ya avanzada en la justicia, sobre supuestas maniobras de sobreprecios, realizadas durante la gestión del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime.
Así lo anunció el titular del Comité Nacional, el senador Ernesto Sanz durante una conferencia de prensa, que brindó esta tarde, con los jefes de los bloques legislativos. La idea sería, impulsar la creación de dos comisiones, para investigar casos de corrupción.
El primero establece la conformación de una Comisión Bicameral, de Control de la Corrupción Estatal, mientras que el segundo impone la creación de otra Comisión, pero en la Cámara Alta, que realizará un seguimiento de la investigación sobre el ex secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime.
«Vamos a presentar, en la sesión del 15 de diciembre, un proyecto de creación de una Comisión Investigadora integrada por siete miembros, en el ámbito del Senado», aseguró el jefe del bloque radical en la Cámara alta, Gerardo Morales. Ricardo Gil Lavedra, el jefe del bloque de diputados, dijo que la iniciativa sobre la Bicameral, que ingresará por esa Cámara baja, intentará «darle jerarquía constitucional a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción».
Morales aclaró que su proyecto es de resolución y no de ley por lo tanto podría tratarse en el extraordinarias, donde la agenda es definida por el Poder Ejecutivo. «Lo permite el artículo 87 del reglamento» del Senado, se excusó y marcó su intención de «citar al ministro de Planificación, Julio de Vido; al secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, y al ex secretario Ricardo Jaime».
En cuanto a la Bicameral, Gil Lavedra señaló que la misma «no se trata de una investigadora, va a tener amplias facultades, podrá tomar vista, requerir informes», entre otras cosas, y agregó: «Queremos dar un paso concreto porque la corrupción va a debilitar la confianza en la democracia representativa».
Sanz sostuvo que «en 2008, menos del dos por ciento de las investigaciones por corrupción fueron elevadas a juicio. La Oficina Anticorrupción, que depende del Ejecutivo, durante 2009 formuló sólo 18 denuncias penales, a pesar de tener 7.234 carpetas de investigación iniciadas», concluyó.
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