El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) resolvió ayer (23/02) en París abrir un proceso de «seguimiento especial» de la situación en el país hasta junio
El GAFI destacó las «fuertes acciones» que tomó la Argentina para adecuar su política antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo a los estándares internacionales, y resolvió analizar en su próxima reunión plenaria de junio, la evolución de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para fortalecer su lucha en la materia.
El Gobierno deberá presentar para ese entonces un nuevo informe. Pero previamente deberá adoptar mayores medidas -varias de índole legislativo- para tener algo sobre lo que informar. En un año electoral y con un Congreso que ya no le es adicto, esto puede ser de cumplimiento imposible, o cuanto menos, harto difícil.
«Argentina parece ir en la dirección correcta y los países aquí presentes le ofrecemos nuestro apoyo y colaboración», expresó el presidente del GAFI, Luis Urrutia Corral, en la primera jornada de la Segunda Reunión Plenaria del Grupo, desarrollada en el Centro de Conferencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, (OCDE), con sede en París quefinaliza este viernes (25/02).
Antes de analizar la situación de Argentina, el plenario escuchó al ministro de Justicia y Derechos Humanos de nuestro país, Julio Alak, quien reafirmó «el compromiso político asumido por mi país ante el GAFI en diciembre pasado», cuando una misión de alto nivel se reunió en Buenos Aires con funcionarios del gobierno nacional, a los efectos de evaluar su grado de adhesión a las políticas antilavado y contra la financiación del terrorismo que promueve el organismo internacional.
La presencia del ministro Alak -que encabezó la delegación argentina integrada por el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, el vicepresidente del Banco Central, Miguel Pesce, y funcionarios de los ministerios de Justicia, Economía, Relaciones Exteriores, la Comisión Nacional de Valores y el Poder Judicial, entre otros- fue interpretada por representantes de distintos países como un gesto del compromiso de Argentina y así lo manifestaron los delegados de Francia, Canadá, Italia, Noruega y Gran Bretaña.
«Todos los presentes reconocieron nuestra voluntad de cooperar y, sobre todo, señalaron la importancia de mi presencia en París. Hasta el mismo presidente del GAFI [el mexicano Luis Urrutia Corral] lo destacó en su intervención», declaró el ministro Alak.
Esta es la segunda vez que el país tiene que enviar una delegación encabezada al más alto nivel a la plenaria del GAFI para evitar graves consecuencias. En 2010, fue el entonces responsable de la cartera de Justicia y hoy Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien viajó a París.
Actualmente, el organismo se encamina a comenzar la cuarta ronda de evaluación, a la que el país llega en cumplimiento del Plan de Acción que presentó en diciembre para responder a los lineamientos del organismo internacional donde nuestro país fue altamente cuestionado y advertido.
Refiriéndose al Plan de Acción, que incluye la actualización normativa implementada por la UIF a través de nada menos que una batería de 22 resoluciones recientemente publicadas en el Boletín Oficial, -que van desde seguros, operaciones de bolsa, tarjetas de crédito, operaciones inmobiliarias o de venta de objetos de arte, Urrutia Corral dijo que un proceso como el emprendido por Argentina no puede completarse en pocos días y consiguió la adhesión del plenario a su propuesta de evaluar los progresos del país en junio próximo.
Se valoró también el reporte de una condena dictada por la justicia bajo la actual legislación, aunque el plenario reclamó al país una reforma en materia penal, para tipificar el «autolavado» como delito autónomo, eliminando su actual dependencia de la figura de «encubrimiento», y ampliar el tipo atinente al terrorismo y su financiación.
A pesar de la batería de medidas adoptadas recientemente por la UIF -todas de carácter administrativo- el GAFI requirió avances legislativos sobre la materia, especialmente en el área penal y la tipificación de delitos de lavado y financiación de actividades terroristas.
El GAFI no emitiera una declaración pública que implica un alerta internacional contra el país, y se limitara a dejarlo sometido a un proceso de «seguimiento especial», hasta junio de este año.
Llamado ICRG (International Cooperation Review Group -Grupo de Revisión de Cooperación Internacional-), que supone un seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones específicas que el GAFI realiza a los países miembros para mejorar sus políticas antilavado y contra la financiación del terrorismo cuando éstas presentan diferencias de adecuación a los estándares internacionales. Ese procedimiento obliga a la Argentina a presentar un nuevo informe con avances suplementarios en el próximo pleno del organismo.
A la espera de las reformas concernientes al Poder Legislativo, el plenario aceptó revisar la evolución del desempeño de Argentina en junio próximo.
En junio, los representantes de los 36 países miembros se volverán a reunir y allí sí, vistos los avances o falta de ellos, tomarán una definición definitiva. En el GAFI algunos funcionarios comienzan a perder paciencia con las dilaciones. Dentro de 4 meses en México, el examen tal vez sea más severo.
El problema es que la directiva del Poder Ejecutivo a la UIF es avanzar lo más posible en materia de control y fiscalización, indicaron en el Gobierno. Pero la sanción de nuevas leyes quedará para después de las elecciones. Y no cederán en los preceptos que atentan contra las garantías constitucionales.
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