Menos empleo privado, menos obras públicas y más restricciones en laeconomía. Esto es lo que deja una política que fue sirvió para salir de la urgencia hace diez años y que hoy constituye una pesada carga para la economía argentina.
En términos callejeros podría decirse que un gasto público cada vez mayor permite que hoy Aerolíneas Argentinas siga sosteniéndose y que el empleo público sea más estable, convirtiéndose en la opción de muchos, en este caso, ante un mercado laboral que no perdona al que no rinde con eficiencia en el sector privado.
A mayor gasto público, mayor tamaño del Estado y este último (medido como el gasto primario nacional, provincial y municipal con relación al PIB) ha crecido de manera importante a lo largo de los últimos doce años, pasando de representar un 26,5% del PIB en el período 2000-2006, a significar un 42.5% del PIB en 2012 (sin considerar los intereses de deuda).
De esta montaña de billetes, la Nación tuvo decisión política sobre un 75% del incremento, las Provincias sobre un 19% y por último los municipios sobre un 6%, según se desprende de un exhaustivo informe dado recientemente a conocer por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).
La gran pregunta es ¿qué no deja hacer una economía con un gasto público que cada año crece 26%?
El gasto público no deja que haya más empleo privado
«En general el gasto público quita recursos del sector privado, que podrían haber sido destinados a consumo privado, ahorro privado o inversión privada. Esto genera menor nivel de actividad», explicó a MDZ el economista Daniel Garro, del estudio Valor.
En lo que hace al empleo sector público, concretamente, el 28,5% de la población económicamente activa de Argentina se desempeña allí y comparado con otros países es mayor: en Estados Unidos es el 14%, del cual unos 800 mil no trabajaron durante 16 días, producto de la parálisis administrativa que finalizó a horas de que se acordara elevar el techo de la deuda de ese país, para así no caer en default; y 13% en Australia, Polonia y España.
El gasto público no deja que el dinero rinda mejor
«Los keynesianos e intervencionistas te pueden decir que se reemplaza por consumo público, o inversión pública, pero el problema es que las decisiones sobre qué hacer con esos recursos pasan a manos del Estado en lugar de estar en manos de privados, cambiando el fin de los mismos. Supongamos que los privados decidieran invertir esos recursos y al llevárselos el Estado decide usarlos para consumo. O también supongamos que los privados deciden usarlos para consumo de carne y el Estado al llevárselos los usa para consumo de salarios de más gente que emplea; como ves cambia el rumbo de esos recursos y eso es ineficiente», argumentó Garro.
El gasto público no deja avanzar la inversión en infraestructuras
«El gasto público -que durante la década k creció al 26% anual- es mayormente consumo y muy poca inversión. Esto tiene que ver con una decisión política», afirmó Sebastián Auguste, economista y profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella. Y así detalló su argumento:
«Se invirtió muy poco en infraestructura y eso ha sido a mi juicio una gran falencia. Hay muchas rutas en las provincias en muy mal estado, por falta de mantenimiento. Un caso parecido con los trenes, etc. Los costos de logística en Argentina son tremendamente altos, lo que te genera pérdida de competitividad sobre todo en las zonas del país más lejos del puerto».
«En el mundo la carga se mueve mayormente por trenes, en EE.UU el 70% de la carga va en trenes, en Argentina el 90% va en camiones, lo que te hace más cara la logística y te genera una mayor necesidad de mantenimiento de rutas».
El problema que se presenta es que el crecimiento del gasto público no se tradujo en más obras públicas, o al menos en un evidente crecimiento del mismo.
Esto es porque sólo el 13% del crecimiento de las partidas públicas se destinaron a la inversión real. Esto es porque predominaron las erogaciones de carácter corriente (es decir, el dinero destinado a los sueldos y a la compra de bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones administrativas).
«La decisión política fue fomentar el gasto/consumo, más que la inversión. En un principio tenía racionalidad, cuando había alto desempleo y capacidad instalada en desuso. Luego se debió ir cambiando de a poco a más inversión y menos consumo, y en esa etapa (2007 en adelante) se falló», consideró.
El ex asesor del BID y del Banco Mundial completó su visión con esta crítica:
«En general creo que en esta década se avanzó medio a los ponchazos, sin un plan estratégico de largo plazo que te diga hacia donde querés ir con el gasto público, cuánto vas a invertir en los pilares que hacen al crecimiento, cuál es la secuencia r identificando proyectos rentables socialmente».
El gasto público ilimitado acorrala a la económica y lleva a subir los impuestos
Esta crecida del gasto público implica hacia adelante una restricción de política económica. Por un lado, impone la necesidad de reunir cada vez más recursos, lo que dificulta la posibilidad de sostener el financiamiento del gasto sin generar condiciones negativas para la estabilidad y el nivel de actividad económica. Por otro lado, es una fuerte restricción para encarar cualquier tipo de reforma tributaria que requiera una resignación de recursos fiscales.
Esto trajo consigo un crecimiento de la carga tributaria: pasó del 23,8% del PIB del año 2000 al 38,6% del mismo en 2013. Esto significa un crecimiento interanual porcentual superior al 60%.
La razón es que según el informe del IARAF, el objetivo primordial que ha tenido el esquema tributario de Argentina en los últimos años es el de recaudar recursos para el financiamiento del gasto público, por sobre los objetivos de eficiencia y equidad. Esto le quita fuerza al crecimiento económico y además acentúa los incentivos a la evasión y elusión fiscales, con la consecuente competencia desleal que estas generan entre agentes económicos formales e informales de la economía.
El gasto público (y los subsidios) no logró frenar los tarifazos
«Una de las cuentas que se ha disparado ha sido las transferencias al sector privado. Esto es subsidios por energía y transporte, entre otros. Esto pasó porque a su debido tiempo no se subieron las tarifas. El precio día de una cochera en el centro de Buenos Aires pasó de 15 a casi 100 pesos, por efecto de la inflación, pero las tarifas no acompañaron», explicó Auguste.
«El problema es que ajustar esas tarifas hoy te genera un incremento muy fuerte, que la gente lo ve todo de golpe y no cae bien», reflexionó.
El economista jefe de la Fundación FIEL Juan Luis Bour, consideró hace unos días que tras las elecciones legislativas del 27 de octubre, el Gobierno podría disponer un «ajuste de tarifas» para reducir el déficit fiscal.
De concretarse, entonces se cae el argumento de que el gasto público (en este caso, destinado a los subsidios) contiene el precio de las tarifas (más allá de que es necesario entender lo que fue el punto de partida de este problema, que fue la devaluación tras la crisis del 2001).
«Después de las elecciones, podríamos esperar más restricciones en la economía y y probablemente algunos ajustes de tarifas para bajar el nivel de subsidios, es decir, para bajar el déficit fiscal», sostuvo el economista.
Lo que no deja hacer el gasto público cuando no se distribuye en forma pareja
El informe de IARAF explica bien lo que sucede aquí: las provincias y municipios tienen a su cargo el 46% del gasto público total y el 25% de la recaudación total. De otra forma, el gobierno nacional recauda el 75% del total y gasta el 54%. Hay 26 puntos porcentuales del PIB que vía transferencias verticales deben llegar de Nación a provincias y municipios.
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