Anuciados por la polémica designación de nuevos fiscales, los máximos dirigentes de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, que representan a jueces federales y nacionales de todo el país, se reu-nieron ayer de urgencia durante varias horas y decidieron presentarse esta semana ante la Justicia.
Su objetivo es impedir las asunción de los 18 nuevos fiscales subrogantes nombrados por la procuradora Alejandra Gils Carbó, que tienen previsto ocupar sus cargos a partir del 2 de febrero.
La decisión de los jueces -adelantada por LA NACION- estaba prevista para febrero, pero la jugada se anticipó porque entendieron que se trataba de un asunto que merecía urgente atención. Fue acompañada de tres denuncias contra la procuradora presentadas por abogados y por un pedido de juicio político contra Gils Carbó y otros dos amparos realizados por legisladores de Pro y del massismo que buscan frustrar la asunción de los fiscales.
Se reunieron ayer el presidente de la Asociación de Magistrados Ricardo Recondo y los cuatro vicepresidentes que representan a todos los estamentos: Ricardo Sáenz, por los fiscales; Gustavo Kollman, por los defensores oficiales; Alejandro Sudera, por los jueces, y Mariano Pérez Roller, por los secretarios.
Los funcionarios comenzaron a redactar un recurso judicial que esta misma semana presentarán ante el fuero contencioso administrativo federal para declarar nulas las designaciones de Gils Carbó e impedir que asuman sus fiscales. Pretenden que se trate en la feria judicial.
La decisión de las autoridades de la Asociación será sometida en febrero -cuando finalice el receso de verano- al consejo directivo de la entidad. Se descuenta que será aprobada, pues la oficialista lista Bordó cuenta con 13 votos, sus aliados de Compromiso Judicial le suman cinco votos y la disidente lista Celeste, cercana al kirchnerismo, llega a seis votos.
En tanto, se presentaron y sortearon tres denuncias penales contra Gils Carbó: la del dirigente peronista Ricardo Mussa recayó en el juzgado de Claudio Bonadio, enfrentado con el Gobierno; la de Santiago Dupuy de Lome, vinculado con Pro, recayó en el juzgado de Ariel Lijo, y la del abogado José Magioncalda en el del juez Norberto Oyarbide.
En tanto, la oposición anunció ayer su propia embestida judicial. El diputado massista Mauricio D’Alessandro, se presentó en Tribunales para pedir que habiliten la feria judicial para que los jueces se pronuncien sobre un amparo en el que pidió que se suspendan las designaciones de los fiscales. Por otro lado, en Pro, la diputada Patricia Bullrich anunció que realizará una acción judicial porque los fiscales nombrados «no fueron elegidos para esos cargos por concurso». Y en el Frente Renovador, los diputados nacionales Adrián Pérez y Graciela Camaño, referentes de Sergio Massa en la Justicia, adelantaron que presentarán en el Congreso un pedido de juicio político a la procuradora por «mal desempeño».
Además, Pérez y Camaño plantearon la inconstitucionalidad de las resoluciones por las cuales la procuradora designó a los 18 fiscales como subrogantes. Y solicitaron también una acción cautelar para que se disponga la suspensión de las designaciones. Está previsto que asuman el 2 de febrero.
«Las designaciones de los fiscales como subrogantes fueron realizadas irregularmente», dijeron Pérez y Camaño.
Los cuestionamientos de los legisladores están dados porque efectivamente los funcionarios designados como subrogantes son fiscales que llegaron al cargo por concurso y con acuerdo del Senado, pero ese acuerdo les fue dado para que actúen como fiscales en otros tribunales y en otras jurisdicciones, y no donde Gils Carbó los colocó como subrogantes mediante una resolución administrativa.
La objeción judicial que está más adelantada contra las decisiones de la procuradora es la que motorizó D’Alessandro. El diputado se había presentado a fines del año pasado en la justicia pidiendo frenar las designaciones de fiscales, pues el nuevo Código Procesal Penal que las contemplaba no estaba aún operativo y eran necesarias leyes de implementación.
La jueza Claudia Rodríguez Vidal -tras requerir la opinión del fiscal que entendió la conveniencia de analizar el asunto, aceptó tramitar su amparo. Para ello el último día de actividad judicial antes de las vacaciones, le dio vista a Gils Carbó que debe exponer su postura frente a los cuestionamientos del legislador. Ahora D’Alessandro se presentó en tribunales y pidió que habiliten la feria para tratar el caso en vacaciones.
D’Alessandro denunció una supuesta intención de Gils Carbó de «cubrir con fiscales militantes cada una de las Cámaras Nacionales y Federales de Apelación con competencia penal en todo el país», como una manera de «lograr la impunidad» de los funcionarios del Gobierno investigados en casos de supuesta corrupción.
Patricia Bullrich, por su parte, dijo que con los fiscales el Gobierno pretende «dominar y colonizar la Justicia en un nuevo intento de control antirrepublicano».
El presidente de la Asociación de Fiscales, Carlos Donoso Castex, denunció «politización» en los nombramientos de fiscales y dijo la que «mayoría» son de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima. «Hubo una ola de designaciones y concursos que avanzaron y se ha designado a mucha gente muy novel y sin experiencia que rápidamente accede a determinados cargos y responsabilidades con una velocidad impresionante», dijo.
El fiscal antilavado Carlos Gonella, allegado a Gils Carbó, salió a defender las designaciones de su jefa. Dijo que el documento de los fiscales contra los nombramietnos fue redacatdo por pocos y que no representan al resto y entendió que todo se debe a una resistencia de algunos jueces federales y fiscales «designados sin concurso» contra el Código Procesal con el que perderán poder.
Amparos
Legisladores del massismo y de Pro presentaron amparos para anular los nombramientos de fiscales y pidieron tratarlos en la feria
Juicio político
El massismo pidió el juicio político contra Gils Carbó y tres abogados plantearon denuncias penales contra la procuradora
Fuente: La Nación
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