El kirchnerismo profundiza su ofensiva sobre la Justicia. Esta semana eviará cinco proyectos de ley al Congreso para limitar a los jueces y darles mayor poder a los fiscales.
El kirchnerismo presentará esta semana en el Congreso de la Nación cinco proyectos de ley para implementar el nuevo Código de Procedimiento Penal que le quitará poder a los jueces y pasará a los fiscales la instrucción de las causas. Además, se enviaría al Legislativo otro proyecto de ley para regular las subrogancias de juzgados, aunque esta posibilidad no está del todo definida, según dijeron a Clarín fuentes judiciales.
La iniciativa respecto del Código de Procedimiento Penal ya genera polémica por cuanto no se aplicará inmediatamente en el fuero federal, donde se instruyen las causas por corrupción y donde el Gobierno tuvo varios sinsabores en los últimos meses, sino sólo en el fuero penal ordinario. Es más, hasta se habló de una negociación con los magistrados federales de Comodoro Py para no incluirlos por ahora en la nueva normativa.
El paquete que enviará el Poder Ejecutivo al Congreso -seguramente primero por el Senado, como cámara de ingreso, mañana martes- consta de un proyecto de implementación del nuevo Código, otro de ley de ministerio público fiscal, otro de ley de ministerio público de la defensa, otro de reforma de la organización de la Justicia y otro con pequeñas modificaciones al Código Penal de fondo, según dijeron fuentes judiciales.
Fuera del paquete, pero como parte de las reformas del Gobierno sobre la Justicia, se enviaría otro proyecto de ley relacionado con las subrogancias de juzgados y tribunales de apelación, actualmente reguladas por otra ley y un reglamento del Consejo de la Magistratura. Esta iniciativa permitiría a secretarios de tribunales o abogados de la matrícula ocupar a través del Consejo de la Magistratura tribunales vacantes por la falta de un juez titular.
El conjunto de proyectos vinculados al nuevo Código de Procedimiento Penal aprobado el año pasado prevé la creación de una comisión de implementación de la norma que actuará por seis años y cuyos representantes serán “inamovibles” y traspasarán al actual Gobierno, según advirtieron las fuentes consultadas por Clarín.
La comisión tendrá a un representante de la Corte, otro de la Procuración General, otro de la Defensoría General, otro de la Cámara de Senadores, otro de Diputados, uno del Poder Ejecutivo, uno del Consejo de la Magistratura, uno de la Cámara Federal de Casación Penal y otro de la Cámara Nacional de Casación Penal.
La comisión será la encargada de “supervisar los trabajos de implementación, la planificación, ejecución, seguimiento, evaluación y corrección operativa de las acciones necesarias para la puesta en funcionamiento del nuevo Código de Procedimiento Penal de la Nación”, según consta en el proyecto principal.
Además, se dispone que “las causas que se encontraren en trámite ante los órganos de la justicia penal federal y nacional o que correspondieren a hechos cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo Código, deberán tramitarse y culminarse ante dichos órganos”.
“La entrada en vigencia del nuevo Código para los distritos de la justicia penal federal será establecida de conformidad con el cronograma que al efecto disponga la Comisión de Implementación y Transición”, expresa el proyecto principal, según dijeron las fuentes consultadas.
Para el fuero penal nacional -no los delitos federales- la reforma propuesta por el Gobierno prevé dividir en cuatro circunscripciones a los juzgados con asiento en la Capital Federal y prevé que en la primera de ellas se comience a aplicar el nuevo Código el 1° de agosto de este año y en la última, no más allá del 1° de julio del año que viene. Lo curioso es que se ofrecerá a los jueces incorporarse al primer lote de tribunales que comenzarán a aplicar la nueva normativa.
Fuente: Clarín
Comentar post