En un documento que presentó Silvia Ávila en el Ministerio de Justicia para ser enviado a la ONU, la fiscal dijo que no hay datos que apunten a la fuerza y, además, dijo que la comunidad mapuche impidió parte del rastrillaje.
En un informe dirigido al Ministerio de Justicia con fecha de ayer y que será enviado a la ONU, Avila afirmó que «no hay testimonios confiables que responsabilicen a la fuerza» de seguridad en la desaparición forzada de Maldonado, y apuntó en cambio a los mapuches por obstruir presuntamente las pericias.
En ese contexto, señaló que en los primeros días de las pesquisas en Cushamen, se estuvo muy cerca de un rastro que los podía llevar a resolver el caso, pero que los propios mapuches impidieron continuar los trabajos.
Sobre la cuestión específica de Gendarmería, sostuvo que «en el escenario geográfico donde fue visto Santiago por última vez, la Justicia avanzó sobre la obtención de elementos objetivos dirigidos a encontrar evidencias contra Gendarmería Nacional en el supuesto de haber trasladado al joven en algún móvil oficial».
«Respecto al escuadrón 35 de El Bolsón, en sus dependencias se realizó una exhaustiva tarea pericial sobre un camión en el cual se encontraron varios elementos (soga con una supuesta mancha de sangre, pelo, cono de señalización de seguridad) que fueron sometidos a peritaje, a la fecha sin resultados y/o conclusiones», indica el informe.
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