La Casa Rosada admite que sacará de la cancha al magistrado que en la Causa Clarín “se declare competente”. En Tribunales temen que los K desaten una caza de brujas
“Cualquier juez que se declare competente en la Causa Clarín será recusado y denunciado penalmente”, anticipó a PERFIL un alto funcionario del Gobierno. La Casa Rosada tiene en un cajón ya escritas las denuncias a los camaristas del fuero civil y comercial.
Según dicen en los despachos oficiales, los magistrados –la mayoría de ellos, no todos– están salpicados o porque viajaron al seminario organizado por el Grupo Clarín o porque participaron del sorteo manual de jueces. Por lo tanto, no podrían resolver sobre la extensión de la medida cautelar que solicitó el multimedios, para protegerse de la desinversión.
El único denunciado ante la Justicia hasta ahora es Francisco de las Carreras, acusado de recibir dádivas. “El delito de dádivas se configura cuando el magistrado se declara competente para intervenir”, explicó el mismo funcionario a este diario.
El grupo de Herrera de Noble no se adecúa a la Ley de Medios porque una medida dispuesta hace tres años por el ex juez Edmundo Carbone suspendió el artículo 161 de la norma, que establece que las empresas que
tienen más de 24 licencias audiovisuales deben desprenderse de ellas. Clarín tiene 240. Esa medida, dijo la Corte, perderá vigencia el 7 de diciembre de este año.
“Hay mucho temor entre los camaristas. Pese a la presión de Clarín, todavía no se animaron a fallar”, sostienen en la Rosada. En Comodoro Py la versión que corre es que, a través de operadores, el Ejecutivo está escarbando en el pasado de todos los magistrados que podrían frenar el famoso 7D.
“Buscan en sus antecedentes la relación de sus familiares con la dictadura militar, con algún negocio irregular, lo que sea, están buscando de todo… fallos contradictorios, hijos ilegítimos, conexiones, relaciones, fundamentos para recusarlos o denunciarlos”, precisó una fuente de tribunales.
Si todos los jueces son recusados –es una posibilidad–, hay tres salidas y las tres son convenientes para el Gobierno. Traer jueces del fuero contencioso administrativo, destrabar el concurso para nombrar jueces naturales (está frenado en el Consejo de la Magistratura) o elegir de la lista de conjueces que aprobó el Senado hace tres semanas.
Por las dudas, el Gobierno convirtió en ley el per saltum, un recurso que le permitiría ir a la Corte con el Caso Clarín para obtener una sentencia definitiva.
En el Ministerio de Justicia dicen que sólo lo usarán si se extiende la cautelar. Pero hay otras voces en el Ejecutivo que proponen presentarse ante el Alto Tribunal más allá de lo que resuelva la Cámara Civil y Comercial. El problema es que no tienen asegurado un voto favorable de la Corte. Será por eso entonces que, como dicen en tribunales, hay operadores revisando los antecedentes de Ricardo Lorenzetti para ver si encuentran “alguna irregularidad”. Lorenzetti se ha mostrado en los últimos meses con posturas críticas hacia el Gobierno por la reforma constitucional y por los juicios de los jubilados a la Anses, que no se pagan. Acaba de ser reelecto como presidente de la Corte.
Existe un rumor de que el Gobierno se ocupará en la feria judicial, en enero, de introducir una batería de denuncias judiciales porque sabe que el Grupo no tiene voluntad de desinvertir. Es más, lo considera inconstitucional. La guerra entre el Gobierno y el multimedios no termina el 7 de diciembre. Lo más probable es que sea el puntapié de una batalla legal monumental.
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