El kirchnerismo, con mayoría en la Comisión de Juicio Político, aprobó el rechazo de las solicitudes de la oposición para juzgar al vicepresidente, procesado por presunta corrupción en caso Ciccone.
La Comisión de Juicio Político de Diputados rechazó todos los pedidos de juicio político presentados por bloques de la oposición contra el vicepresidente Amado Boudou, tras la decisión del juez Ariel Lijo de procesarlo en la denominada causa Ciccone.
La decisión se adoptó en una reunión plenaria de la comisión de Juicio Político, que sesionó en una abarrotada sala del edificio Anexo, y que tuvo un clima áspero donde no faltaron las acusaciones cruzadas entre el oficialismo y la oposición.
Ahora, el dictamen del oficialismo promoviendo el rechazo “in limine” de los pedidos de juicio político y su envío al archivo, impiden que por los mismos motivos la oposición pueda promover este año nuevos pedidos de enjuiciamiento, sino que debe presentar nuevas causales de “mal desempeño”.
Los pedidos de juicio político fueron realizados por los diputados del Pro, Patricia Bullrich y Pablo Tonelli; de la Coalición Cívica, Fernando Sánchez; del FAP, Margarita Stolbizer; de la UCR, Manuel Garrido; del Frente Renovador, Adrián Pérez, y por Graciela Ocaña, quien ahora es legisladora porteña.
La reunión se inició con un informe redactado por la presidenta de la Comisión, Adela Segarra, quien argumentó que la causa Ciccone “se está tramitando” aún en la justicia y que todavía “no hay sentencia” alguna contra el vicepresidente.
Además en ese informe, el oficialismo señaló que si se abre un procedimiento de juicio político “implicaría una presión al Poder Judicial y al magistrado que está efectuando su investigación” sobre el vicepresidente Boudou y “se alteraría la división de poderes”.
“No existen argumentos que puedan ser objetos de las causales de juicio político, con lo cual si se abriera este procedimiento sería oportunismo que generaría presión sobre las instituciones judiciales”, subraya el escrito.
En el informe del oficialismo se fundamenta que los argumentos para realizar los pedidos de juicio político “son genéricos y vagas las causales” y los pedidos de muchas de las pruebas “se están tramitando en sede judicial”.
“Avanzar en un pedido de juicio político es a todas luces violatorio de la división de poderes”, subraya el informe, al justificar el rechazo “in limine” de los pedidos.
Tras el escrito leído por Segarra rechazaron los argumentos los diputados de la oposición Adrián Pérez y Elisa Carrió, quien volvió a advertir a los oficialistas que se “convertían en encubrimiento de delitos penales”.
En esa instancia, la diputada del FPV Diana Conti mocionó aprobar a mano alzada el informe rechazando la apertura de los juicios políticos contra Boudou, lo cual se realizó posteriormente en forma nominal contando con 17 de los 31 votos necesarios para imponer esta postura.
Cuando se realizó la votación, tanto Carrió como Claudio Lozano anunciaron que presentarán dictámenes de minoría y lo mismo harán el PRO, la UCR y el Frente Renovador.
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