DECLARARON LA NULIDAD DE OTRAS TRES MESAS EN CHUBUT.
Las urnas no validadas por el Superior Tribunal chubutense son de Comodoro Rivadavia. Se suman a las de Puerto Madryn y Camarones ya invalidadas. La decisión obligaría a convocar a elecciones complementarias para definir quién será el próximo gobernador.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) chubutense declaró la nulidad de otras tres mesas de los comicios provinciales llevados a cabo el 20 de marzo, con lo que ya son cinco las urnas invalidadas, lo que obligaría a convocar a elecciones complementarias para definir quién será el gobernador, cuando todavía quedan cinco presentaciones por resolver. Se trata de las mesas 1127, 507 y 531 de Comodoro Rivadavia, y en todos los casos la decisión fue tomada de forma unánime por los seis miembros del juzgado, con una particularidad: las últimas dos no habían sido invalidadas originalmente por el Tribunal Electoral (TEP). Así, al menos 1700 chubutenses tendrían la posibilidad de volver a emitir su sufragio para definir entre dos candidatos separados por 401 votos.
«Vamos ganando cinco a cero», se entusiasmaban ayer en el Frente para la Victoria chubutense. Es que el máximo tribunal provincial, hasta ahora, falló siempre respaldando la postura del grupo encabezado por el intendente de Puerto Madryn y candidato a gobernador, Carlos Eliceche. La semana pasada ya lo había hecho con una mesa en Puerto Madryn y otra en Camarones, y ayer definió en el mismo sentido en las primeras tres de las siete urnas en pugna de Comodoro Rivadavia, con una particularidad: dos de esos casos no habían sido admitidos en primera instancia por el TEP pero, ante la apelación del sector kirchnerista, el STJ revirtió la decisión.
Entre el martes y el miércoles de la semana que viene, el tribunal terminará de definir la situación de las cinco mesas restantes. En el Frente para la Victoria esperan obtener, al menos, la anulación de dos de ellas, lo que los dejaría «en una buena posición para forzar al llamado de elecciones complementarias», según le confiaron fuentes del partido a Página/12. «Si vamos a la elección, se la ganamos», se animaron a pronosticar.
La decisión de convocar o no a nuevos comicios para las urnas invalidadas corresponde al TEP, que ha resuelto que hasta que no se definan las diez nulidades, no se va a expedir sobre el tema. Esta semana, 16 electores de la mesa 174, en Puerto Madryn, presentaron dos amparos ante la Justicia, pidiendo que se les permita volver a votar. «Con este número, de acuerdo con la jurisprudencia de la Cámara Nacional Electoral, corresponde que se convoque a complementaria –argumentó a su vez el apoderado nacional del PJ, Jorge Landau, en diálogo con este diario–. La jurisprudencia determina que cuando la diferencia pueda cambiar el resultado del comicio, la complementaria debe hacerse.»
De todas formas, la decisión final volverá a recaer en el STJ, dado que seguramente la decisión que tome el TEP será apelada por el bando disconforme. Incluso, el caso podría escalar hasta la Corte Suprema de la Nación, aunque es difícil que el máximo tribunal acepte fallar en algo que corresponde al ámbito provincial. También hay discordia porque el texto de la ley establece que si la Justicia determina la pertinencia, el Ejecutivo provincial «podrá» y no «deberá» realizar el llamado, y algunos temen que el gobernador Mario Das Neves se aferre a esa interpretación para evitar nuevas elecciones. «El podría negarse –reconocieron en el FpV–, pero en ese caso se armaría mucho quilombo.»
Landau, que sigue el tema de cerca por orden de la Presidenta, tiene una interpretación más estricta del asunto: «En lo relativo a las elecciones complementarias, el carácter facultativo no corresponde al gobernador. La evaluación respecto de la conveniencia o no de convocarlas es de la Justicia. Quien evalúa ese ‘podrá’ es la Justicia, y una vez que determina que se deben hacer, el gobernador no puede rehusarse a cumplir».
Mientras tanto, en Buenos Aires, un grupo de senadores identificados con el Peronismo Federal, entre los que se encuentran Hilda «Chiche» Duhalde, Carlos Reutemann, Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso, firmaron un documento en apoyo a Das Neves, en el que acusan al gobierno nacional de utilizar «medios y complicidades» para «hacer un daño institucional de consecuencias imprevisibles» y «esmerilar la imagen de un potencial candidato a la presidencia».
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