Es por realizar actividades de exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.
El gobierno argentino presentó una denuncia penal contra cinco empresas por realizar actividades de exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina en las inmediaciones de las Islas Malvinas, «sin haber obtenido la correspondiente autorización de la Secretaría de Energía».
La denuncia, realizada por la Cancillería y el Ministerio de Planificación Federal, fue presentada este mediodía por el secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Daniel Filmus y la secretaria de Energía, Mariana Matranga, ante el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella.
«No podemos permitir que se lleven las riquezas del territorio argentino y que son recursos pertenecientes a los 40 millones de argentinos. Estas empresas van a tener que responder ante la justicia argentina», afirmó Filmus en declaraciones a la prensa, tras presentar el escrito en la sede de la Procuración General de la Nación, en Perón 667 de esta capital.
Las empresas denunciadas integran un consorcio responsable de la contratación de una plataforma semi-sumergible, que el pasado 6 de marzo inició una campaña exploratoria en la cuenca Malvinas Norte -a unos 200 kilómetros de las islas- durante la que prevén perforar al menos seis pozos.
La denuncia fue realizada concretamente contra los directores, gerentes, síndicos o representantes de las empresas Rockhopper Exploration plc, Premier Oil plc, Falkland Oil And Gas Limited, Noble Energy Inc. y Edison International SpA.
La reforma de la ley 26.659 castiga a las empresas que realicen esas tareas sin el permiso del gobierno argentino en la zona ubicada alrededor de las islas y prevé penas de hasta 15 años prisión, multas equivalentes al valor de 1,5 millones de barriles de petróleo, así como la prohibición de que personas y compañías puedan operar en Argentina. Esa nueva legislación fue rechazada, tras la aprobación, por el gobierno británico, que consideró que la medida no rige en la zona de las islas y aseveró que su derecho es «legítimo» y «legal».
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