La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, «se comprometió a reveer y dar marcha atrás con la quita de pensiones a personas con discapacidad». Stanley no habría especificado en qué momento se hará pública esa decisión por parte del Gobierno.
En plana polémica por las más de 70 mil bajas y suspensiones a pensiones por discapacidad por parte del gobierno nacional, una diputada nacional del Partido Socialista afirmó hoy que la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, «se comprometió a reveer y dar marcha atrás con la quita de pensiones a personas con discapacidad» y a «rever la aplicación del decreto 432» de 1997 a partir del cual se dispuso la medida.
Así lo confirmó a DyN Gabriela Troiano, la vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad, que mantuvo una conversación telefónica con la ministra y le planteó los «fundamentos por los cuales no corresponde aplicar el decreto».
«Se comprometió a dar marcha atrás en la quita de pensiones a personas con discapacidad y a rever el tema de la aplicación del decreto», aseguró la diputada, aunque señaló que Stanley no especificó en qué momento se hará pública esa decisión por parte del Gobierno.
La diputada presentará esta semana un listado de personas que fueron afectadas por la medida del Ministerio de Desarrollo Social y a la Defensoría del Pueblo de la Nación; y destacó que exigirá el tratamiento del proyecto de ley que plantea el aumento del importe de las pensiones.
A partir de este mes, y sin previo aviso, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a cargo de Carolina Stanley, decidió desempolvar un decreto menemista de 1997 que establece más requisitos para acceder a una pensión.
De esta manera, el gobierno confirma que, en la actual gestión, las pensiones no contributivas han dejado de considerarse un instrumento de Seguridad Social para el Estado y se suman a la política de ajuste que busca disminuir las cifras récord de déficit fiscal.
Las 83 mil suspensiones y bajas en pensiones por invalidez, a madres de más de 7 hijos y por vejez se registraron en la primera parte de 2017, de manera unilateral, sin aviso previo y sin derecho a defensa.
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