La norma brinda, entre otras cosas, «el derecho al asesoramiento, asistencia, representación, protección, verdad, acceso a la justicia, tratamiento justo, reparación y celeridad» a víctimas y familiares de víctimas de hechos de inseguridad.
El Gobierno nacional promulgó la ley 27.732 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, que había sido sancionada por unanimidad por el Congreso el mes pasado.
La ley contempla la creación de Centros de Protección y Asistencia a las Víctimas en todo el país y establece que quienes sufran delitos tienen que ser notificados sobre las excarcelaciones, los permisos de libertad condicional o las salidas transitorias que se le otorguen a los condenados y acusados.
De acuerdo con el texto, habrá un total de 24 defensores públicos: uno por cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires. Además, 123 prosecretarios y secretarios letrados pasarán a ser nombrados con el cargo de defensores coadyuvantes, a las órdenes de los 24 funcionarios.
La ley también les otorga a las víctimas de delitos el derecho a participar de las declaraciones de testigos (a través de sus abogados); que las víctimas reciban asesoramiento y contención durante el proceso y la ejecución de la pena; habilita a quienes sufrieron un delito a constituirse como querellantes y a ser notificadas sobre las resoluciones tomadas durante el proceso judicial.
El proyecto del Frente Renovador -que lidera el diputado nacional Sergio Massa- surgió luego de la movilización «Para que no te pase» que se realizó en octubre del año pasado, organizada por distintas víctimas de delitos que se se hicieron públicos, como Carolina Píparo (quien fue baleada en una salidera) y María Luján Rey, madre de un joven que murió en la Tragedia de Once.
Comentar post