Según el dictamen, existió una “matriz general de corrupción” por la concesión de obra pública a las empresas del grupo Báez y se solicitó “avanzar sin demoras” en la investigación.
Los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques solicitaron este lunes nuevamente la indagatoria de la expresidente Cristina de Kirchner y otras 33 personas acusadas por fraude al Estado por irregularidades en otorgamiento de la obra pública al empresario Lázaro Báez entre 2003 y 2015.
Según el dictamen, existió una «matriz general de corrupción» por la concesión de obra pública a las empresas del grupo Báez y se solicitó «avanzar sin demoras» en la investigación.
Ante el juez federal Julián Ercolini citaron 227 evidencias al solicitar las indagatorias del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; de José López, ex secretario de Obras Públicas; del empresario Lázaro Baez, entre otros.
También se volvió a pedir la indagatoria de ex funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad: Ernesto Morilla, Juan Carlos Villafañe; Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Gustavo César Torres, Juan José Ramón Berraondo, Héctor René Jesús Garro, y José Raúl Santibañez.
Los pedidos de indagatorias también alcanzan a Martín Báez; a Julio Mendoza, presidente de Austral Construcciones; de Fernando Javier Butti, que en representación del empresario compró la firma Kank y Costilla S.A; y Myriam Costilla.
«Mientras el empresario Lázaro Báez-amigo personal y socio comercial del matrimonio Kirchner- era el más beneficiado en la asignación de múltiple y millonaria obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, paralelamente le garantizaba a la ex familia ingresos millonarios a partir del alquiler de sus establecimientos hoteleros», según se investiga en el caso Hotesur, indica el dictamen.
La fiscalía resumió que Lázaro Báez recibió el 80 % de la obra pública en Santa Cruz.
«Se han consultado distintos expedientes que funcionaron como «casos testigo» a los fines de corroborar en los casos en concreto cómo se llevaban a cabo los procesos de licitación de las rutas que eran adjudicadas al Grupo Báez», dice la fiscalía.
Según el dictamen, existió una «matriz general de corrupción» por la concesión de obra pública durante el kirchnerismo a las empresas del grupo Báez.
«Todo ello, nos permitirá concluir que se encuentran reunidos en autos los elementos de convicción suficientes para tener acreditado el grado de sospecha necesario para convocar a las personas enumeradas en declaración indagatoria, y por lo tanto, no se vislumbran razones para demorar el cumplimiento de la medida solicitada», dice el dictamen.
Reclamaron «la necesidad de avanzar sin demoras en la investigación, juzgamiento y sanción de hechos de corrupción como el que aquí nos ocupa» y que es «deber del Estado Argentino y, en particular, de los jueces y fiscales como operadores del servicio de justicia a partir de los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en materia de corrupción».
También imputan a Carlos Kirchner, ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal; el ex director Nacional de Vialidad (DNV) Nelson Periotti; ex subadministradores de la Dirección de Vialidad Julio Ortiz Andino, Sandro Férgola y Carlos Alonso; a los ex gerentes de DNV Francisco León, Norma Villareal, Sergio Passacantando; a los ex gerentes de Obras y Servicios Viales de la DNV Víctor Francisco Farré y Jorge Eduardo Gregorutti; a los ex Gerentes de Planeamiento, Investigación y Control y Gerencia de Obras y Servicios Eduardo Lence, Gustavo Gentili y Fernando Abrate.
La lista incluye además a los ex subsecretarios de Obras Públicas Graciela Elena Oporto, Raúl Víctor Rodríguez, Hugo Manuel Rodríguez, y Abel Claudio Fatala.
Ag. de Noticias: ámbito.com
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