El actual intendente de la localidad de Granadero Baigorria, Alejandro Ramos, quien fue reelecto en octubre pasado, será el nuevo secretario de Transporte en lugar del renunciado Juan Pablo Schiavi.
A dos semanas de la tragedia ferroviaria de Once, en la que murieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas, Schiavi anunció su retiro mediante una carta dirigida a la presidenta Cristina Kirchner, en la que agradeció la confianza, aseguró que su alejamiento se debe «estrictamente a problemas de salud» y señaló que la situación actual en materia de transporte «necesita de una dedicación total y sin descanso, incompatible con mi situación actual». El exsecretario de Transporte se sometió a una intervención quirúrgica la semana pasada por una afección coronaria.
Más allá de su estado de salud, Schiavi está comprometido por la investigación sobre la tragedia de Once. El lunes, el juez federal Claudio Bonadío, a cargo de la causa por la tragedia de Once, decidió restringirle la salida del país al secretario y al dueño de la empresa concesionaria TBA, Claudio Cirigliano. La misma restricción rige para el subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna; para el titular de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT), Eduardo Sícaro, y otros directivos de la empresa concesionaria, ahora intervenida.
La medida dispuesta por Bonadío puso a Schiavi, funcionarios de su área y directivos de TBA en una situación comprometida en la investigación del accidente, aunque cerca del juzgado acotan que no hay una imputación concreta formulada contra ellos, a diferencia del maquinista Marcos Antonio Córdoba, indagado por estrago culposo. La explicación ofrecida es que el juez analizó todos los informes sobre los trenes del ex Sarmiento y tomó la decisión de restringirles la salida del país al concluir que «podrían tener que aclarar algo y en ese caso mejor asegurarse de que estén acá».
Es que el titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Leandro Despouy, había denunciado «una marcada quietud desde la Secretaría de Transporte» ante los críticos relevamientos presentados por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) por las deficiencias en las líneas de trenes.
El viernes pasado la AGN aprobó el informe sobre la situación de las líneas ferroviarias y Despouy explicó que se encontraron «múltiples incumplimientos por parte de la empresa en las tareas de mantención y aplicación de los fondos de los subsidios del Estado», a pesar de «un marcado incremento» de esos giros. Y agregó que la CNRT «ha cumplido un rol importante en la aplicación de penalidades y multas», aunque «la Secretaria de Transporte no dio movimiento a ninguna de las 53 denuncias presentadas, 15 pertenecientes a líneas de TBA».
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