El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime acordó un juicio abreviado con la fiscal Gabriela Baigún, con lo cual cumplirá una condena de cuatro años, pagará casi 13 millones de pesos y además será desapoderado de un barco, seis inmuebles y dos autos, que serán destinados al Estado.
El acuerdo es por cuatro causas en las que está involucrado Jaime: una por enriquecimiento ilícito, otra por corrupción en el Belgrano Cargas y dos por peculado, informaron fuentes judiciales.
Con este acuerdo, logrado con la defensa del detenido -desde 2016- ex funcionario de la gestión kirchnerista, Jaime reconoce su enriquecimiento ilícito.
Además de Jaime aceptaron el acuerdo otros 16 implicados, a quienes también se decomisarán los bienes y deberán pagar multas que, según cálculos realizados en el ámbito judicial, se aproximan a los 40 millones de pesos en total.
Entre ellos aceptó el juicio abreviado Manuel Vázquez, ex colaborador de Jaime, quien además acordó una pena en suspenso para su hijo Julián Vázquez. Por ello pagará casi 13 millones de pesos y, en su caso, la prisión será de tres años.
La pena de cuatro años de prisión para Jaime se sumará a la de ocho años por la responsabilidad del ex funcionario en la tragedia ferroviaria de Once, que está cumpliendo en la cárcel de Ezeiza.
En la causa por enriquecimiento ilícito, el juez federal Sebastián Casanello dispuso en junio del año pasado que una embarcación de Jaime, denominada «Altamar 64» que había sido embargada, sea entregada al Ministerio de Seguridad, para su uso en «la lucha contra el crimen organizado».
El «Altramar 64» se encontraba atracado en Uruguay, desde donde fue repatriado, y ahora está a cargo de la Prefectura Naval Argentina.
Por otra parte Jaime comenzará a ser juzgado en los próximos días por la compra de material ferroviario a España y Portugal, que resultó ser inservible, por lo cual fue acusado de cohecho y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública.
En la causa se investiga la compra, entre 2005 y 2012, de material ferroviario a un valor «por demás oneroso», según evaluó la Cámara Federal, cuando por mayoría ratificó la medida dispuesta en primera instancia por el juez Julián Ercolini.
Los delitos se habrían concretado con la compra de material rodante «caro y viejo» a las empresas Sociedad Mercantil Estatal Española Expansión Exterior, Red Nacional de Ferrocarriles de España (RENFE) y Ferrocarriles Vía Estrecha (FEVE); y Caminhos de Ferro Portugueses (CFP), por algo más de 100.000.000 de euros.
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