Un negociado que simbolizó el descalabro ferroviario kirchnerista. Jaime utilizó una sospechosa firma como intermediaria en las negociaciones que protagonizó con España
Ricardo Jaime siempre fue un compadrito, más aún cuando era una de las caras del poder. En aquellos años de impunidad vivió bajo el ala protectora de Néstor Kirchner y pergeñó los más variados negocios.
Era intocable y de eso se ufanaba. Pero cambió el rumbo y el cordobés pasó de los trajes italianos al cuerpo a un chaleco entallado, pero antibalas. El camino que lo llevó de los relojes de oro en sus muñecas a esposas plateadas fue uno de esos negociados: la compra de trenes usados a España y Portugal.
De aquella trama que empezó a tejerse desde hace poco más de 11 años hoy queda una causa penal, acero oxidado con forma de trenes, millones de dólares gastados sin sentido y cuantiosas comisiones facturadas por una oscura intermediaria.
Para reconstruir la historia hay que remontarse a febrero de 2005, cuando el gobierno argentino rubricó con España un acuerdo sobre Cooperación en Materia Ferroviaria. Hizo lo mismo con Portugal.
Bajo ese paraguas se facilitó la importación de material rodante usado que, según un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) serían alrededor de 600 unidades, entre locomotoras y vagones. Hoy, apenas un puñado de aquellos coches se pueden ver en funcionamiento.
Pero más allá de la utilidad o no del material rodante, aquella compra escondió un pago de comisiones a una empresa relacionada con Jaime y manejada por Manuel Vázquez, un ladero del ex secretario de Transporte que ayer también fue detenido dentro de un placard. LA NACION reconstruyó aquella operatoria y la publicó a principios de 2015.
Ayer, el juez Julián Ercolini dispuso que se prive de la libertad a ambos personajes, acusados no sólo de malgastar el dinero en trenes, sino de montar una estructura para facturar comisiones.
El 31 de mayo de 2005 se firmó un acuerdo entre la Secretaría de Transporte y Expansión Exterior, una empresa pública española dedicada a facilitar negocios de ese país en el mundo. La empresa española se ocuparía «de obtener ofertas de equipos y servicios que puedan interesar a la Secretaría de Transporte [argentina]».
La empresa española contrató a Ingeniería de Técnicas Ferroviarias (ITF), otra firma española que la asesoraba en la compra. «En algunos coches, la estructura de sus cajas y techo se encuentran muy oxidadas; también precisan recuperación las ventanas, puertas de acceso e intercomunicación y los fuelles; los sanitarios están en estado de máximo deterioro, al igual que el interiorismo, donde se observan grandes destrozos en cortinas, asientos…», dice la auditoría de ITF.
El 7 de diciembre de 2005, Jaime firmó el primer contrato por 8,5 millones de euros. La operación O/0505/068, un documento de 10 artículos, incluyó 12 coches de pasajeros de 26,4 metros, con capacidad para circular hasta 160 kilómetros y aire acondicionado, y cuatro para ser usados como repuestos.
Además, se compraron 3 locomotoras diésel, cuatro triplas diésel en funcionamiento y dos más sólo utilizables como repuestos, y tres furgones que podían usarse como generadores. Desde entonces y hasta 2010, cuando Juan Pablo Schiavi ocupaba el cargo de Jaime, se sucedieron varias compras.
El 29 de marzo de 2006 se firmó el contrato más polémico. Reunidos en Madrid, Juan Barba Cáceres y Manuel Molina Ruiz, en representación de Expansión Exterior, y Miguel Ángel Llorente Celaya, por Controles y Auditorías Especiales (Cyaes), suscribieron un acuerdo de prestación de servicios de asistencia técnica.
Fuente: La Nación
Comentar post