Desde la Defensoría Pública de esa ciudad elevaron un habeas corpus colectivo para solicitar que los internos de la Unidad Penal 3 fortalezcan “lazos familiares y sociales”. “Es una cuestión de dignidad”, justificaron.
La Defensoría Pública de San Nicolás propuso, a través de la presentación de un hábeas corpus colectivo, se les permita el acceso a teléfonos celulares a los presos alojados en la Unidad Penal 3 para que los mismos puedan comunicarse con sus familiares y evitar que pierdan esos lazos sociales.
A su vez, el petitorio firmado por los funcionarios del organismo plantea que se exima de sanciones a aquellos internos que hayan adquirido equipos clandestinos.
La determinación surge para impedir el «agravamiento de sus condiciones de detención, estando afectado el derecho de comunicarse periódica y asiduamente con su familia mediante vía telefónica en razón de la insuficiencia de medios disponibles y prohibición de uso de aparatos celulares».
María Celina Berterame, una de las firmantes, argumentó en Radio La Red que de esta manera se «fortalecen lazos familiares y sociales» y que es «una cuestión de dignidad» para los presos.
Esta presentación suscitó una gran polémica debido a que muchos de los llamados «secuestros virtuales», una modalidad delictiva de la que han surgido numerosos casos en los últimos tiempos, se originan en las cárceles de todo el país. Sin embargo, para Berterame «no hay ningún antecedente en el Ministerio Público Fiscal que esté vinculado con este tipo de denuncias».
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