La Cámara anuló las elecciones de Tucumán y Alperovich apelará. La Sala I declaró la nulidad de los comicios, como había pedido el derrotado opositor José Cano, y ordenó hacer nuevas elecciones.
El gobierno criticó la decisión, que se basó en informes de medios periodísticos opositores. El oficialismo tucumano denunció un «golpe de Estado judicial». Pedirá a la Corte que proclame ganador a Manzur.
A la disputa política de Tucumán se le incorporó un nada novedoso ni desconocido contendiente, la justicia. Ayer, la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo declaró la nulidad de los comicios del 23 de agosto, que, de acuerdo al escrutinio definitivo de la Junta Electoral, ganó el candidato a gobernador del PJ/FPV, Juan Manzur, por una diferencia de 110 mil votos.
Sin duda, la decisión (político) judicial busca provocar un terremoto institucional sin precedentes. El fallo contribuye al manto de sospecha que la oposición pretende diseminar sobre los comicios de octubre.
De todas formas, anoche, en la sede del gobierno tucumano ya se trabajaba en la apelación ante la Corte local. Al cierre de esta edición, un comunicado de la administración de José Alperovich denunció un «golpe de Estado judicial». Dijo que el fallo «atenta contra el sistema democrática, ignora la voluntad popular y genera un estado de incertidumbre y anarquía».
Durante la jornada de ayer los mentideros políticos de San Miguel estuvieron plagados de rumores. Lo único cierto era que en el transcurso del día los jueces Salvador Norberto Ruiz y Ebe López Piossek iban a pronunciarse sobre la presentación que había realizado el Frente Acuerdo por el Bicentenario (FAB), que postuló para gobernador a José Cano. El radical había exigido la anulación total de los comicios
Ante la inminencia de la decisión, los funcionarios de José Alperovich no pudieron evitar los nervios por la definición. La demora hacía pensar que el fallo se iba a inclinar por el peor de los escenarios posibles. Se preveían tres: la anulación, como había pedido Cano; el rechazo a ese pedido; y la anulación del escrutinio definitivo y apertura de las urnas y recuento voto por voto.
Esos dos últimos escenarios eran los que esperaban desde el FPV. Aunque no descartaban la anulación de los comicios: saben que las tres Cámaras en lo Contencioso son refractarias a Alperovich. A las 20:30 se conoció la decisión de la Sala I y, rápido, llegó la notificación a la Casa de Gobierno local. Sólo se trataba de una carilla donde dice «hacer lugar parcialmente a la acción de amparo» del FAB y, en consecuencia, «declarar la nulidad de los comicios» y ordenar el llamado a nuevas elecciones.
Sin embargo, trascendió que los fundamentos se basan en dos informes periodísticos, uno del programa de Jorge Lanata de este domingo pasado y otro del diario opositor La Gaceta. El tercero es sobre la agresión que sufrió un camarógrafo el día de los comicios y la existencia de una urna que llegó abierta a la Junta Electoral y luego fue sellada allí.
En principio, los pasos a seguir por el gobierno tucumano es un pedido de nulidad de todo lo actuado, que incluya la incompetencia del fallo dispuesto por la Cámara. Si se lo rechazaran, deberá exigir la revocatoria de la Cámara y demandar a la Corte provincial para que tome el expediente y califique las elecciones realizadas según el recuento de la Junta Electoral y proclame a Manzur como gobernador.
Sin duda la actual conformación de la Corte no podrá actuar en el caso: su presidente, Antonio Gandur, es a la vez titular de la Junta Electoral. Se deberán nombrar conjueces. La UCR buscará recusar a otros de los integrantes. Anoche, la senadora tucumana Silvia Elías de Pérez (UCR) dijo que ese será el próximo paso de los apoderados de Cano.
En Tucumán, colaboradores del gobierno local consideraron al fallo «una enormidad procesal». Sostenían que la Cámara se excedió en su competencia. Una actitud que confirma la tesis que dice que la participación de estos jueces se enmarca en una estrategia pensada para ayudar a Mauricio Macri (Cambiemos): la de generar sospechas sobre la transparencia de las presidenciales e impedirle al FPV y a Daniel Scioli un triunfo en primera vuelta. «
Ecos jurídicos y políticos tras el fallo
El constitucionalista Eduardo Barcesat aseguró que «se trata de un fallo que desconoce de forma flagrante un resultado electoral por medio de una decisión de un tribunal incompetente. Es como derogar la ley de gravedad». Lo tildó de «sedicioso, una apología del voto calificado. Vale el voto de los ciudadanos de la capital tucumana, pero no el de los del interior».
El presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, calificó al fallo como «un disparate jurídico» e indicó que la decisión se haya basado en informes periodísticos «con ausencia de argumentos reales demuestra un profundo desprecio por la voluntad popular».
La senadora de la UCR, Silvia Elías de Pérez, consideró que «es un fallo histórico. Me siento orgullosa por esa decisión que devolverá a Tucumán y al país la transparencia necesaria».
Su par del FPV, Juan Manuel Abal Medina indicó que «el festejo de la oposición es corto porque la voluntad popular se va a imponer. Sería bueno que el PRO y Macri entiendan que no hay sistema electoral que le garantice a ellos ganar siempre».
El candidato derrotado y que promocionó la denuncia, José Cano, dijo que «la justicia puso las cosas en su lugar». Y afirmó que «los tucumanos que fueron a la Plaza y se mantuvieron en ella nueve noches marcaron, como hace casi 200 años, cuando se declaró la Independencia del país el rumbo del futuro».
Fuente: Tiempo Argentino
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