La oposición política y activistas de derechos humanos pidieron que el jefe del Ejército dé un paso al costado; coincidieron en el reclamo Pérez Esquivel y Fernández Meijide; en el Gobierno hubo silencio.
Sube la presión política sobre la figura del teniente general César Milani, luego de que la Justicia avanzó en la causa en que se investiga la desaparición de Alberto Agapito Ledo, en Tucumán, en 1976. Políticos de distintas fuerzas y referentes de la lucha por los derechos humanos pidieron a coro la salida del jefe del Ejército. Mientras tanto, en el oficialismo sólo hubo silencio y crece el nerviosismo dentro de las Fuerzas Armadas.
«El gobierno nacional debe pasar a disponibilidad a Milani por su difuso papel antes, durante y después de la dictadura», dijo el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.
Graciela Fernández Meijide, integrante de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), apuntó a uno de los argumentos que utilizaron en el pasado para defender a Milani: su edad. El militar era un subteniente de 21 años cuando firmó el acta de deserción de Ledo, que cumplía el servicio militar en el Batallón de Ingenieros de Construcciones 141.
«Hoy hay gente de la misma camada que Milani [la 106 del Colegio Militar] que están presos y condenados por partícipes necesarios [en crímenes cometidos por la última dictadura militar]», dijo Fernández Meijide, en una entrevista radial.
La activista por los derechos humanos, que sufrió la desaparición de su hijo Pablo en 1977, dijo que no sabe si Milani debe ser «separado, renunciar o pedir licencia», pero «lo que sí es cierto es que las madres cuyos hijos desaparecieron donde él tenía una acción política tienen todo el derecho a que Milani sea investigado».
Las desventuras judiciales comenzaron hace cinco días cuando el fiscal federal de Tucumán, Carlos Brito, elevó el pedido de llamado a indagatoria del jefe del Ejército ante el juez federal Daniel Bejas por la desaparición del soldado Ledo; el magistrado es quien ahora debe resolver el planteo.
Además, anteayer, Nora Cortiñas, una de las principales conductoras de las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, reveló que presentó un hábeas corpus para que Milani «comparezca en la causa» por la desaparición de su hijo Gustavo.
Cortiñas, que pidió a la presidenta Cristina Kirchner que lo separe de su cargo, reveló que el 10 de diciembre presentó el pedido en el Juzgado de Instrucción N° 23, a cargo del juez Roberto Ponce, para que Milani sea citado por la desaparición de su hijo, ocurrida el 15 de abril de 1977.
REACCIONES POLÍTICAS
Al igual que con el vicepresidente Amado Boudou, desde la oposición el reclamo general fue para que la Presidenta le solicite el retiro o pase a disponibilidad al jefe del Ejército.
«A 31 años de democracia, los argentinos no nos merecemos un jefe del Ejército represor y genocida. Milani debe rendir cuentas ante la Justicia y la Presidenta deber facilitar la investigación relevándolo de su cargo», dijo a LA NACION el jefe de la bancada de la UCR, Gerardo Morales.
El senador, que, junto el diputado José Cano, aportó en 2013 pruebas en la causa, sostuvo que «un genocida no puede seguir al frente del Ejército de la democracia».
El diputado nacional y candidato a presidente Sergio Massa también se refirió al tema. «Hay que investigar. Más allá de las denuncias y los planteos políticos, preocupa la naturalidad con la que se discuten algunos temas. He leído un montón de notas que dan por sentado que en la Argentina existen ejercicios de inteligencia interna. Me parece que esa naturalidad respecto de lo que supone un delito es más que preocupante», sostuvo el líder del Frente Renovador.
Para el jefe de la bancada de Pro en la Cámara baja, Federico Pinedo, «es frustrante la sensación de que un Gobierno que se inició buscando esclarecer lo que sucedió en materia de derechos humanos termine protegiendo a sus miembros».
El diputado radical Ricardo Alfonsín aseguró: «Las graves denuncias que pesan sobre Milani ameritan su desplazamiento». Y agregó: «La idea de que no puede ser desplazado porque aún no se ha probado su culpabilidad supone no entender que la lógica punitiva de la justicia penal no es la única aplicable a la designación o remoción de los funcionarios».
¿Es el jefe del Ejército uno de los ganadores del descabezamiento de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE)? Es uno de los interrogantes que más se escuchan dentro de las Fuerzas Armadas. «Hay muchos nervios», confiaron desde el Ejército.
Según pudo saber LA NACION, el general Luis María Carena, jefe del Estado Mayor Conjunto, otro hombre de inteligencia, se habría distanciado de Milani. Algunas fuentes que caminan por el edificio Libertador, donde tiene su sede la Dirección General de Inteligencia del Ejército, incluso, hablan de que los súbitos infortunios judiciales de Milani se deberían al reciente acercamiento al gobernador bonaerense Daniel Scioli.
Fuente: La Nación
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